EE.UU. busca redefinir los límites entre fe y política: nueva guía para iglesias tras fallo judicial clave

WASHINGTON — La administración del presidente Donald Trump anunció este viernes que emitirá nuevas directrices para organizaciones religiosas con el objetivo de aclarar cómo deben interpretar y aplicar las leyes federales que limitan la actividad política en las iglesias.

El anuncio se produce días después de que un juez federal en Texas desestimara una demanda impulsada por grupos religiosos conservadores que buscaban anular o debilitar la llamada Enmienda Johnson, una norma vigente desde 1954 que prohíbe a entidades exentas de impuestos, incluidas las iglesias, respaldar o rechazar candidatos políticos.

En un comunicado conjunto, el Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) indicaron que la nueva guía pretende reforzar las protecciones de la Primera Enmienda, al tiempo que ofrece mayor claridad sobre cómo se aplica la ley en contextos reales, especialmente dentro de los servicios religiosos.

“El principio de libertad religiosa es fundamental en nuestra Constitución”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, al subrayar que el gobierno busca garantizar que los ciudadanos puedan practicar su fe abiertamente sin temor a sanciones injustas.

Según las autoridades, uno de los puntos clave será definir cuándo las comunicaciones internas dentro de las congregaciones —como sermones o mensajes pastorales— pueden considerarse parte de la práctica religiosa y no actividad política prohibida. En ese sentido, se sugiere que los mensajes transmitidos a través de canales tradicionales y vinculados a la fe podrían no violar la normativa vigente.

La decisión judicial reciente dejó sin resolver varias dudas sobre la intensidad con la que el IRS aplicará la Enmienda Johnson en el futuro, generando incertidumbre entre líderes religiosos. Durante años, muchos han evitado cualquier tipo de respaldo político explícito por temor a perder su estatus de exención fiscal.

Mientras grupos conservadores celebran la iniciativa por considerarla una defensa de la libertad de expresión y religiosa, críticos advierten que una flexibilización excesiva podría difuminar la separación entre iglesias y política.

Actualmente, las organizaciones clasificadas como 501(c)(3) tienen prohibido participar directa o indirectamente en campañas electorales, aunque sí pueden pronunciarse sobre temas públicos o realizar cierto nivel de cabildeo.

Funcionarios del Tesoro señalaron que consultarán con diversos sectores antes de finalizar la nueva normativa a finales de este año. La medida forma parte de un esfuerzo más amplio por equilibrar la defensa de la libertad religiosa con la integridad del sistema fiscal.

Para muchos líderes de fe, la esperada guía podría representar una herramienta clave para navegar uno de los terrenos más complejos en la intersección entre religión, política y ley federal, sin arriesgar sanciones ni su estatus tributario.