El Departamento del Tesoro de EE. UU. sanciona a funcionarios venezolanos alineados con Nicolás Maduro

WASHINGTON — La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a 21 funcionarios de seguridad y a nivel gubernamental de gabinete alineados con Nicolás Maduro. Estos individuos son sancionados en cumplimiento de la orden ejecutiva 13692, como fue enmendada, por ser funcionarios actuales o antiguos funcionarios del Gobierno de Venezuela. Han apoyado y cumplido las órdenes de Maduro de reprimir a la sociedad civil en sus esfuerzos para declararse a sí mismo fraudulentamente ganador de la elección presidencial de Venezuela del 28 de julio, ignorando con ello la voluntad de la abrumadora mayoría de los votantes venezolanos que eligieron a Edmundo González Urrutia para ser su próximo presidente.

Luego de la elección, las fuerzas de seguridad venezolanas han arrestado arbitrariamente en masa a partidarios de la oposición, han suprimido con violencia las protestas y han negado a las personas el derecho a reunirse pacíficamente sin represalias. Sus tácticas también consistieron en emitir una injustificada orden de arresto contra el presidente electo Edmundo González Urrutia, forzando su partida de Venezuela.

“Maduro y las medidas represivas de sus representantes luego de la elección presidencial venezolana son un intento desesperado para silenciar la voz de sus ciudadanos”, dijo Bradley T. Smith, subsecretario del Tesoro en funciones para Asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera. “Estados Unidos seguirá sacando a la luz a todos aquellos que pretendan usar la violencia y la intimidación para socavar la gobernanza democrática y el legítimo ejercicio de la libre expresión”.

En concurrencia, el Departamento de Estado está tomando medidas para imponer nuevas restricciones de visados en virtud de la proclama presidencial 9931 a individuos alineados con Maduro que han socavado el proceso electoral en Venezuela y han sido responsables de actos de represión. Con estas medidas, alrededor de 2.000 individuos han sido identificados hasta el momento como sujetos a la restricción de visados por su participación en socavar la democracia, por participar en corrupción significativa, o por violar los derechos humanos del pueblo venezolano.

EJÉRCITO DE VENEZUELA Y FUNCIONARIOS DE POLICÍA

Las personas sancionadas hoy son altos funcionarios venezolanos, incluidos los de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Milicia Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), alineados con Maduro. Estos individuos están siendo designados de conformidad con la orden ejecutiva 13692 “Bloqueo de bienes y suspensión de ingreso de determinadas personas que contribuyen a la situación en Venezuela”, como fue enmendada, por ser actuales o antiguos funcionarios del Gobierno de Venezuela.

Funcionarios de la GNB

La GNB ha liderado la violenta represión tras las elecciones. Miembros de la GNB utilizaron sus armas de fuego para reprimir a manifestantes, detener y golpear a menores y llevar a cabo detenciones arbitrarias. La GNB fue desplegada para controlar las protestas, asumiendo en ocasiones un papel de liderazgo más allá de las responsabilidades que le asigna la Constitución. La GNB no impidió que grupos armados no estatales acosaran y atacaran a los manifestantes el 30 de julio. Muchos de los funcionarios designados hoy son líderes de los distritos militares y las zonas operativas de la GNB, conocidas como Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI) y Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI).

• Dilio Guillermo Rodríguez Díaz es comandante de una REDI de la Capital. Anteriormente prestó servicio como comandante de la Capital 81 de la ZODI y como rector de la Universidad Militar Bolivariana.
• José Yunior Herrera Duarte ha prestado servicio como jefe del comando de zona N ° 51 de la GNB desde 2022.
• Carlos Eduardo Aigster Villamizar ha prestado servicio como comandante y general de división de la ZODI del estado de Miranda desde 2023. También ha prestado servicio como comandante del comando de zona N ° 62 de la GNB en el estado de Bolívar.
• Jesús Rafael Villamizar Gómez ha prestado servicio como comandante de la REDI Central desde 2024. Anteriormente prestó servicio como comandante de la ZODI de La Guaira y como jefe de la Guardia de Honor Presidencial. Se sospecha que se ha enriquecido personalmente mientras ejercía altos cargos como funcionario venezolano.
• Ángel Daniel Balestrini Jaramillo prestó servicio anteriormente como comandante de la ZODI de Aragua.
• Pablo Ernesto Lizano Colmenter prestó servicio anteriormente como comandante de la ZODI de Carabobo.
• Luis Gerardo Reyes Rivero prestó servicio anteriormente como comandante y general de división de la ZODI de Yaracuy.
• José Alfredo Rivera Bastardo ha prestado servicio como director de servicios de la División de Mantenimiento del Orden Interno de la GNB desde 2024. Anteriormente prestó servicio como comandante de la ZODI de Falcón.
• Alberto Alexander Matheus Melendez ha prestado servicio como director de la División de Logística de la GNB desde 2024. Anteriormente prestó servicio como jefe del Comando Nacional Antidrogas de Venezuela.
• Jesús Ramón Fernández Alayón es director de Apresto Operacional de la GNB. También ha desempeñado cargos anteriores como jefe del Comando de Vigilancia Costera y como comandante de la zona de mando del Comando de Zona de la GNB en Lara.

CPNB, SEBIN, DGCIM y miembros de milicias

El amplio aparato de seguridad venezolano también ha contribuido a la violencia tras las elecciones. El CPNB (PNB) es un organismo de seguridad venezolano responsable del acoso y las detenciones arbitrarias, incluso de menores de edad, en respuesta a las protestas en rechazo a la información oficial sobre los resultados electorales difundida por la actual presidenta del Consejo Nacional Electoral venezolano. El SEBIN ha detenido a periodistas que informan sobre el proceso electoral, la represión y el abuso de poder. Además, la Milicia Bolivariana es un cuerpo especial compuesto por las reservas militares y la milicia territorial con el propósito de apoyar a las Fuerzas Armadas venezolanas.

• Rubén Darío Santiago Servigna ha prestado servicio como brigadier general del CPNB (Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana) desde 2023. También es el funcionario encargado a nivel nacional de la aplicación de la operación electoral de seguridad ciudadana.
• Alexis José Rodríguez Cabello es el director del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional). Es el primo del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Maduro, Diosdado Cabello Rondón, que ha estado sancionado por la OFAC desde 2018.
• Javier José Marcana Tabata es el director de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) y de la Guardia de Honor Presidencial.
• Orlando Ramón Romero Bolívar ha estado al mando de la Milicia Bolivariana desde 2024. Anteriormente también prestó servicio como comandante de la REDI Central.

FUNCIONARIOS VENEZOLANOS DE DIVERSOS MINISTERIOS

Los individuos a continuación son funcionarios alineados con Maduro de diversos ministerios, responsables por ejecutar políticas que apoyan actos antidemocráticos. Estos individuos han sido designados hoy en virtud de la orden ejecutiva 13692 “Bloqueo de bienes y suspensión de ingreso de determinadas personas que contribuyen a la situación en Venezuela”, como fue enmendada, por ser actuales o antiguos funcionarios del Gobierno de Venezuela.

• Aníbal Eduardo Coronado Millán ha prestado servicio como ministro del Despacho de la Presidencia de Maduro desde abril de 2024 y como monitor de Seguimiento de la Gestión de Gobierno del Despacho de la Presidencia de Maduro. También ha sido jefe de gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda. Anteriormente, prestó servicio en la Guardia de Honor Presidencial. El Despacho de la Presidencia de Maduro ha aplicado la directiva de Maduro para cometer fraude electoral, reprimir a los venezolanos y continuar con actuaciones antidemocráticas.
• William Alfredo Castillo Bolle ha prestado servicio como el viceministro de Políticas Antibloqueo de Maduro en el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior de Venezuela desde 2022.
• Ricardo José Menéndez Prieto ha sido el vicepresidente de Planificación de Maduro en la oficina de la vicepresidencia desde 2014. Anteriormente prestó servicio como ministro de Educación Superior, ministro de Industria, y ministro de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias.
• Freddy Alfred Nazaret Ñañez Contreras es ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información de Maduro, y vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura. Ha prestado servicio como vicepresidente sectorial de comunicación y cultura y ministro de Comunicación e Información. Anteriormente prestó servicio como presidente de la Cadena Venezolana de Televisión.
• Daniella Desireé Cabello Contreras ha prestado servicio como presidenta de la Agencia de Promoción de Exportaciones de Maduro desde septiembre de 2024. La Agencia de Promoción de Exportaciones tiene la labor de diversificar las exportaciones venezolanas y coelaborar la preparación del Protocolo unificado de exportaciones no petroleras y actividades relacionadas, que crean una ventanilla única para las exportaciones de Venezuela. Anteriormente prestó servicio como presidenta de la Fundación Marca País Venezuela que rendía cuentas directamente ante la vicepresidenta ejecutiva de Maduro, Delcy Eloina Rodríguez Gómez, que ha estado sancionada por la OFAC desde 2018. Es también la hija de Diosdado Cabello Rondón.
• Julio José García Zerpa ha sido el ministro de Servicio Penitenciario de Maduro desde 2024. Anteriormente, ha prestado servicio como viceencargado en el estado de Táchira y tiene el cargo de vicepresidente primero de la Comisión de Finanzas en la Asamblea Nacional (AN) alineada con Maduro. Muchas figuras de la oposición y otros presos políticos están también injustamente presos. Las prisiones venezolanas han sido criticadas por privar a los presos de sus libertades, hacinamiento crítico, dilaciones en los procedimientos y negligencia hacia los encarcelados. En junio, presos de cárceles de toda Venezuela llevaron a cabo una huelga de hambre, exigiendo medidas humanitarias y la transferencia a instalaciones más cerca de sus familiares o donde habían sido previamente confinados.
• América Valentina Pérez Dávila ha prestado servicio como vicepresidenta segunda de la AN. La AN ha apoyado la alegación fraudulenta de victoria por Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES

Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en posesión de las personas descritas anteriormente y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más por ellas, individualmente, o con otras personas bloqueadas, que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC. A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o que esté exento; las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de Estados Unidos (o en tránsito) que impliquen cualquier propiedad o interés en propiedades de las personas designadas o bloqueadas de algún modo.

Además, las instituciones financieras y otras personas que participen en ciertas transacciones o actividades con las entidades e individuos sancionados se exponen también a sanciones o a ser ellos objeto de acciones de aplicación de la ley. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de cualquiera de estas personas.

El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC derivan no solo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista SDN, sino también de su voluntad para eliminar a personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento.