EE. UU. golpea al aparato militar y minero de Cuba: nuevas sanciones contra 11 actores del régimen

WASHINGTON, D.C. — El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves nuevas sanciones contra ocho entidades y tres individuos vinculados al aparato militar y a la explotación del níquel en Cuba, como parte de la estrategia de la Administración del presidente Donald Trump hacia el régimen cubano.

Según el Departamento de Estado, las designaciones buscan afectar estructuras que, de acuerdo con Washington, contribuyen tanto al desarrollo de las capacidades militares cubanas como a la generación de ingresos procedentes de los recursos minerales de la isla.

Las medidas fueron adoptadas bajo la Orden Ejecutiva 14404, emitida el 1 de mayo de 2026, que establece sanciones contra personas y entidades vinculadas, entre otros criterios, con la represión en Cuba y con amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

Sanciones contra cuatro entidades del sector militar

El Departamento de Estado identificó cuatro empresas militares cubanas que, según la administración estadounidense, participan en investigación, desarrollo, producción o capacitación relacionada con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.

Entre las entidades sancionadas se encuentran:

• Centro de Investigación y Desarrollo de Simuladores (SIMPRO): señalado por desarrollar y fabricar simuladores y participar en la capacitación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y otras entidades gubernamentales cubanas.
• Centro de Investigación y Desarrollo Naval (CIDNAV): vinculado, según Washington, con programas de investigación para la Marina de Guerra Revolucionaria de Cuba.
• Centro de Investigación y Desarrollo de Armamento de Infantería (CIDAI): relacionado con programas de investigación, adquisición, modernización y evaluación de armamento de infantería.
• Centro de Investigación, Desarrollo y Producción “Grito de Baire” (GELCOM): señalado por su participación en productos electrónicos y sistemas de comunicaciones.

El Departamento de Estado sostiene que estas empresas forman parte de una infraestructura industrial y tecnológica utilizada para respaldar las capacidades operativas de las fuerzas armadas cubanas.

Tres oficiales de las FAR también fueron sancionados

La nueva ronda de sanciones incluye además a tres oficiales cubanos identificados por Estados Unidos como directores generales de las entidades militares señaladas.

Los designados son:

Joaquín Francisco Cancio Monteagudo, coronel sénior de las FAR y director general de SIMPRO.

Dioglis Pedrera Argüello, capitán de las FAR y director general de CIDNAV.

Julio Hurtado Betancourt, primer coronel de las FAR y director general de CIDAI.

Washington sostiene que los tres ocupan posiciones de liderazgo dentro de organizaciones vinculadas al sector de defensa cubano.

El níquel cubano también queda en el centro de las sanciones

La segunda parte de la medida está dirigida contra cuatro entidades relacionadas con la industria cubana del níquel.

El Departamento de Estado considera que este sector representa una fuente importante de divisas para el Gobierno cubano y sostiene que los ingresos generados por la explotación de recursos naturales contribuyen al sostenimiento de las estructuras estatales.

Las entidades sancionadas son:

• Empresa de Servicios Técnicos de Computación, Comunicaciones y Electrónica (SERCONI), empresa estatal que proporciona herramientas y servicios a la industria del níquel.
• Empresa de Ingeniería y Proyectos del Níquel (CEPRONÍQUEL), vinculada a proyectos de ingeniería y a la coordinación de operaciones de extracción mineral.
• Centro de Investigaciones del Níquel Capitán Alberto Fernández Montes de Oca (CEDINIQ), dedicado a la investigación, el desarrollo y la innovación para el sector.
• PINARES S.A., empresa minera estatal relacionada con evaluaciones geológicas de depósitos minerales en Cuba.

En total, las designaciones anunciadas este jueves abarcan 11 objetivos: ocho entidades y tres individuos.

¿Qué significan las sanciones?

Como consecuencia de las designaciones, las propiedades y los intereses en propiedades de las personas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

También quedan bloqueadas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, en un 50% o más, de una o varias personas bloqueadas.

Las personas y empresas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con los individuos y entidades sancionados, salvo que exista una autorización o licencia aplicable de OFAC o que la operación esté expresamente exenta.

Las restricciones incluyen proporcionar fondos, bienes o servicios a personas bloqueadas, así como recibir fondos, bienes o servicios de ellas.

El Departamento de Estado también advirtió que personas y empresas extranjeras que realicen determinadas transacciones con individuos o entidades sancionados bajo la Orden Ejecutiva 14404 pueden quedar expuestas a futuras sanciones estadounidenses.

Washington dice que el objetivo es modificar conductas

El Departamento de Estado sostiene que las sanciones no tienen como objetivo final simplemente castigar a los individuos o entidades designados, sino utilizar la presión económica como mecanismo para provocar cambios en el comportamiento del Gobierno cubano.

La Administración Trump ha presentado estas medidas como parte de una estrategia más amplia para presionar al régimen cubano, particularmente sobre sus estructuras militares, financieras y económicas.

La declaración estadounidense también señala que la política busca promover cambios relacionados con los derechos humanos, el Estado de derecho, los mercados libres y la democracia en Cuba.

Las personas incluidas en la lista de sancionados pueden solicitar su exclusión de la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) mediante los procedimientos establecidos por OFAC.

La nueva acción representa otra ampliación de las sanciones estadounidenses contra sectores considerados estratégicos de la economía cubana, con especial atención en la industria militar, la investigación y desarrollo de tecnología de defensa y la explotación de los recursos minerales del país.