TALLAHASSEE, Fl- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este lunes una controvertida ley que otorga a las autoridades estatales amplios poderes para designar grupos como organizaciones terroristas —ya sean nacionales o extranjeros— y expulsar a estudiantes universitarios que manifiesten apoyo a dichos grupos.
La nueva normativa permite que un alto funcionario del Florida Department of Law Enforcement identifique a dichas organizaciones, decisión que deberá ser aprobada o rechazada por el gobernador y otros tres miembros del gabinete estatal: el fiscal general, el director financiero y el comisionado de agricultura.
Una vez que un grupo sea clasificado como organización terrorista, podrá ser disuelto y perderá el acceso a fondos públicos provenientes de distritos escolares o agencias estatales. Además, las universidades estarán obligadas a reportar a U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) el estatus migratorio de estudiantes expulsados que se encuentren en el país con visa.
Durante una conferencia en Tampa, DeSantis defendió la medida afirmando que busca “proteger a los ciudadanos de Florida, sus impuestos y evitar situaciones que no deberían ocurrir en Estados Unidos”.
Sin embargo, la ley ha suscitado fuertes críticas por parte de defensores de la libertad de expresión. La organización PEN America advirtió que el lenguaje de la legislación es ambiguo y podría afectar programas educativos considerados como promotores del terrorismo, así como a estudiantes que participen en protestas o expresen opiniones críticas hacia funcionarios estatales.
“El impacto podría enfriar la educación en todos los niveles”, señaló William Johnson, director de PEN America en Florida. “Las implicaciones son preocupantes”.
La polémica se intensifica en medio de antecedentes recientes: en diciembre pasado, DeSantis designó al Council on American-Islamic Relations y a la Muslim Brotherhood como organizaciones terroristas extranjeras, una decisión que fue bloqueada temporalmente por un juez federal el mes pasado.
El debate continúa abierto entre quienes consideran la ley una herramienta de seguridad necesaria y quienes la ven como una amenaza directa a los derechos civiles y la libertad académica en Florida.
