WASHINGTON — El Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de su División de Derechos Civiles y la Fiscalía Federal del Distrito Medio de Florida, presentó una demanda contra United Parks & Resorts Inc. (UPR), acusando a la compañía de aplicar políticas discriminatorias contra personas con discapacidad en sus parques temáticos.
La acción legal sostiene que UPR —operadora de reconocidos destinos como SeaWorld Orlando, Busch Gardens Tampa Bay, Discovery Cove y Aquatica Orlando— prohibía el ingreso de visitantes que utilizan andadores con ruedas y asiento, conocidos como rollators, lo que constituiría una violación directa del Título III de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).
Según la denuncia, esta política afectó a múltiples grupos vulnerables, incluidos niños, veteranos y personas con movilidad limitada, al impedirles disfrutar de las instalaciones en igualdad de condiciones.
“La ADA exige acceso equitativo para las personas con discapacidad, y los parques temáticos no son la excepción”, afirmó la fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles, Harmeet K. Dhillon, subrayando el compromiso del gobierno federal con la defensa de estos derechos.
Por su parte, el fiscal federal para el Distrito Medio de Florida, Gregory W. Kehoe, enfatizó que las empresas de entretenimiento están obligadas a garantizar igualdad de acceso sin importar las capacidades físicas de sus visitantes.
La legislación federal establece que los establecimientos abiertos al público deben permitir el uso de dispositivos de movilidad manuales, como andadores, en todas las áreas accesibles para peatones. Sin embargo, la demanda alega que UPR no solo prohibía estos dispositivos, sino que también imponía cargos adicionales a personas con discapacidad mediante el alquiler de equipos alternativos, además de negarse a realizar ajustes razonables en sus políticas.
El caso fue presentado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, y busca obligar a la empresa a modificar sus normas, capacitar a su personal en cumplimiento de la ADA y compensar económicamente a las personas afectadas. Asimismo, el gobierno solicita la imposición de sanciones civiles para reforzar el interés público en erradicar la discriminación.
El Departamento de Justicia instó a cualquier persona que considere haber sido víctima de estas prácticas a presentar una queja formal a través de su portal oficial o mediante su línea telefónica de asistencia ADA.
La demanda coloca bajo fuerte escrutinio a una de las principales compañías de entretenimiento del país y reabre el debate sobre la accesibilidad real en espacios recreativos de gran escala.
