Comisionados de Palm Beach desafían restricciones de vuelo 24/7 de la FAA cerca de Mar-a-Lago
Los comisionados aprobaron presentar una “petición de revisión”, el primer paso hacia un posible desafío legal contra la medida
CONDADO PALM BEACH, Fla. — Los comisionados del condado de Palm Beach votaron el martes 4-3 para impugnar las nuevas restricciones de vuelo impuestas por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), que afectan las operaciones aéreas alrededor de Mar-a-Lago y el Aeropuerto Internacional de Palm Beach (PBI).
Las restricciones, anunciadas por la FAA el 20 de octubre, establecen limitaciones permanentes y las 24 horas del día, los siete días de la semana, para los aviones que despegan y aterrizan en PBI, independientemente de si el presidente Donald Trump se encuentra o no en la zona.
Como parte de la respuesta oficial, los comisionados aprobaron presentar una “petición de revisión”, el primer paso hacia un posible desafío legal contra la medida. Bajo este proceso, la FAA deberá demostrar ante un juez que existe evidencia sustancial que justifique las restricciones permanentes del espacio aéreo sobre Mar-a-Lago.
A pesar de esta decisión, el personal del condado todavía podrá intentar entablar conversaciones con la FAA. Sin embargo, abogados que representan al condado consideran altamente improbable que se logre un acuerdo con la FAA o con el Servicio Secreto antes del plazo fijado para este viernes, lo que podría evitar que el caso llegue a los tribunales.
Residentes de las zonas de El Cid y Flamingo Park, en West Palm Beach, así como del Town of Palm Beach, han denunciado un aumento significativo en el número de sobrevuelos a baja altura desde que entraron en vigor las nuevas restricciones.
En noviembre, el Comité Ciudadano sobre el Ruido de Aeropuertos (Citizens’ Committee on Airport Noise) celebró una reunión comunitaria, donde decenas de vecinos expresaron su frustración, por lo que describen como una interrupción constante de su vida diaria.
Las autoridades del condado sostienen que continuarán explorando opciones legales mientras crece la presión de los residentes para que se modifique o elimine la medida federal.
