El gobernador Ron DeSantis firma una ley contra la ocupación ilegal de comercios

TALLAHASSEE, Florida — El gobernador Ron DeSantis firmó el proyecto de ley SB322 del Senado de Florida para ampliar las medidas correctivas y las protecciones contra la ocupación ilegal a los propietarios de inmuebles comerciales. El proyecto de ley SB 322 del Senado de Florida agiliza la expulsión de personas no autorizadas que ocupan inmuebles comerciales, proporcionando a los propietarios un proceso simplificado para recuperar la posesión de sus propiedades.

«Florida no tolera a los ocupantes ilegales; estamos del lado de los propietarios», afirmó el gobernador Ron DeSantis. «Florida ya cuenta con fuertes protecciones para los propietarios de viviendas, y los proyectos de ley que he firmado hoy garantizarán las mismas protecciones para los propietarios de negocios».

Según la legislación actual, las medidas para desalojar a los ocupantes no autorizados de una propiedad comercial pueden ser largas y llevar mucho tiempo. El proyecto de ley SB 322 ofrece a los propietarios de inmuebles comerciales un medio más eficaz para recuperar la posesión de sus propiedades de los ocupantes no autorizados. El proyecto de ley:

Acelera la expulsión de personas no autorizadas que ocupan propiedades comerciales, proporcionando a los propietarios un proceso simplificado para recuperar la posesión de sus propiedades.

Protege a los propietarios de posibles pérdidas económicas y daños a la propiedad causados por los ocupantes ilegales.

Proporciona garantías legales tanto a los propietarios como a las fuerzas del orden, describiendo las responsabilidades y protecciones en casos de expulsión indebida.

Introduce sanciones penales específicas para la ocupación no autorizada y los anuncios inmobiliarios fraudulentos, con el objetivo de impedir que los malos actores enseñen o animen a otros a ocupar ilegalmente.

El gobernador DeSantis también firmó el proyecto de ley SB 606 del Senado de Florida, que refuerza los derechos de los propietarios de hoteles y moteles cuando tratan con huéspedes que no cooperan o no pagan sus facturas. El proyecto de ley:

Aclara el lenguaje de la ley actual en el sentido de que la estancia de un huésped en un hotel, motel, alquiler vacacional, bed and breakfast o tiempo compartido se considera transitoria, a menos que un acuerdo por escrito establezca que es la única residencia del huésped.

Impide que los huéspedes de hotel que no pagan puedan reclamar la residencia, lo que obliga al operador del hotel a seguir los procesos tradicionales de desalojo para viviendas permanentes.

Establece una mayor transparencia, exigiendo a los establecimientos públicos de restauración que revelen claramente cualquier cargo operativo, como las tasas de servicio o las propinas automáticas, en los menús, contratos y plataformas en línea a partir del 1 de julio de 2026.