Colombiano acusado de lavar más de $2,000 millones enfrentará la justicia en Miami
MIAMI, Florida. — El colombiano Álvaro Pulido Vargas, de 62 años, comparecerá el martes 13 de octubre ante un tribunal federal del Distrito Sur de Florida para responder a dos acusaciones que lo vinculan con presuntos esquemas de lavado de dinero y sobornos relacionados con funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Según documentos judiciales divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Pulido Vargas fue acusado formalmente en 2019 y nuevamente en 2021 por su presunta participación en operaciones financieras ilícitas que, en conjunto, involucran más de $2,000 millones.
Las autoridades sostienen que los fondos procedían de presuntos esquemas de corrupción vinculados con contratos gubernamentales venezolanos y que parte del dinero fue transferida a través de cuentas bancarias en Estados Unidos, incluidas instituciones financieras del sur de Florida.
Pulido Vargas, quien también habría utilizado el nombre de Germán Enrique Rubio Salas, enfrenta cargos federales por conspiración para cometer lavado de dinero y múltiples delitos relacionados con estas operaciones. Las acusaciones deberán ser probadas ante la justicia.
El Departamento de Justicia destacó que su comparecencia es resultado de años de investigaciones y de la cooperación entre agencias estadounidenses y socios internacionales.
El caso de los CLAP: contratos por $1,600 millones
Una de las acusaciones fue presentada en octubre de 2021 por un gran jurado federal contra Pulido Vargas y otros cuatro implicados, por un presunto esquema de lavado de dinero vinculado con contratos del Gobierno venezolano para suministrar alimentos y medicinas.
De acuerdo con la acusación, entre julio de 2015 y, al menos, 2020, los señalados habrían conseguido contratos gubernamentales a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa controlado por el Gobierno venezolano y destinado a distribuir productos básicos entre la población.
Los fiscales alegan que los contratos se obtuvieron mediante el pago de sobornos a funcionarios venezolanos. También sostienen que los implicados inflaron los costos de las operaciones para financiar los pagos ilícitos y obtener beneficios personales.
Según los documentos judiciales, Pulido Vargas y sus presuntos cómplices habrían recibido aproximadamente $1,600 millones del Gobierno venezolano como resultado de estas operaciones.
De esa cantidad, cerca de $180 millones habrían sido transferidos a través de Estados Unidos o hacia este país, incluidos fondos depositados en cuentas bancarias ubicadas en el Distrito Sur de Florida.
Para ocultar el origen del dinero, los acusados presuntamente utilizaron cuentas bancarias en Antigua, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y otras jurisdicciones.
En este caso, Pulido Vargas enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y cuatro cargos adicionales de lavado de dinero. Cada uno de estos delitos contempla una pena máxima de hasta 20 años de prisión federal, aunque cualquier sentencia dependerá del resultado del proceso judicial y de las disposiciones legales aplicables.
Otra acusación por $350 millones vinculada a viviendas de interés social
El segundo caso se remonta a julio de 2019, cuando Pulido Vargas y Alex Nain Saab Moran, señalado como aliado del régimen de Maduro, fueron acusados de participar en un presunto esquema para lavar aproximadamente $350 millones relacionado con el sistema de cambio de divisas controlado por el Gobierno venezolano.
Según la acusación, las operaciones se habrían desarrollado entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, aproximadamente.
Los fiscales sostienen que ambos obtuvieron un contrato gubernamental para construir viviendas destinadas a familias de bajos ingresos y posteriormente habrían utilizado de manera fraudulenta el sistema cambiario venezolano para desviar fondos.
La acusación señala que los implicados presuntamente presentaron documentos falsos de importación para justificar la compra de mercancías y materiales que nunca llegaron a Venezuela. También habrían sobornado a funcionarios públicos para conseguir la aprobación de esos documentos.
Las autoridades alegan que, con el propósito de ocultar el origen ilícito de los fondos, los acusados transfirieron dinero a cuentas bancarias del sur de Florida y canalizaron aproximadamente $350 millones desde Venezuela, a través de Estados Unidos, hacia cuentas en el extranjero que presuntamente poseían o controlaban.
En este expediente, Pulido Vargas enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y siete cargos de lavado de dinero.
Justicia estadounidense advierte que perseguirá las redes financieras
El Departamento de Justicia afirmó que el caso refleja los esfuerzos de las autoridades estadounidenses por perseguir operaciones internacionales de corrupción que utilizan el sistema financiero del país.
“Pulido Vargas ya no es un fugitivo de la justicia”, declaró A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, según el comunicado oficial.
Duva sostuvo que los casos describen presuntos esquemas de lavado de dinero en los que se habría utilizado el sistema financiero estadounidense para ocultar ganancias procedentes de sobornos.
Por su parte, Jason A. Reding Quiñones, fiscal federal del Distrito Sur de Florida, señaló que las acusaciones describen una presunta explotación de programas públicos venezolanos que debían atender necesidades esenciales de la población, como alimentos, medicinas y viviendas.
El funcionario afirmó que la cooperación entre las agencias federales y sus socios internacionales permitió llevar a Pulido Vargas ante la justicia estadounidense.
La Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) también destacaron la importancia de seguir las rutas financieras internacionales para identificar a los responsables de presuntas redes de corrupción y lavado de dinero.
Investigaciones federales y antecedentes
Los casos están siendo investigados por la División de Miami de la DEA, el FBI en Miami y HSI Miami.
La fiscal federal adjunta Monique Botero, el fiscal adjunto Joseph Palazzo, de la sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de la División Penal, y la fiscal adjunta principal Katherine Raut, de la unidad encargada de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, participan en el procesamiento de los casos.
El Departamento de Justicia también indicó que Pulido Vargas tenía antecedentes relacionados con el narcotráfico y que fue condenado en Italia en 1997 bajo el nombre de Germán Enrique Rubio Salas.
La investigación forma parte de la iniciativa federal Homeland Security Task Force, creada mediante la Orden Ejecutiva 14159, que coordina a distintas agencias para combatir organizaciones criminales transnacionales, redes de tráfico de personas y otras actividades ilícitas.
La comparecencia prevista para el 13 de octubre marcará un nuevo capítulo en el proceso federal contra Pulido Vargas, quien deberá responder ante un tribunal por las acusaciones presentadas en ambos expedientes.
Presunción de inocencia: Los cargos descritos constituyen acusaciones de la Fiscalía. Pulido Vargas debe ser considerado inocente mientras no se demuestre su culpabilidad conforme a la ley.
