Palm Beach County impulsa estricta regulación para bicicletas eléctricas y dispositivos de micromovilidad

CONDADO PALM BEACH, Florida. Las autoridades del Condado de Palm Beach avanzan en la creación de una nueva ordenanza destinada a regular el uso de bicicletas eléctricas y otros dispositivos de micromovilidad, en respuesta al creciente número de usuarios y a las preocupaciones por la seguridad pública.

La propuesta, denominada “Micromobility Device Ordinance”, establece normas para la operación de bicicletas eléctricas, scooters y otros vehículos similares en calles, aceras, senderos compartidos y espacios públicos del condado. El objetivo es reducir los riesgos para peatones, ciclistas y conductores, así como reforzar la seguridad en zonas de alta afluencia de personas.

Entre las medidas más destacadas figura la obligación de que todos los operadores y pasajeros menores de 16 años utilicen cascos de seguridad certificados mientras conduzcan o viajen en dispositivos de micromovilidad dentro del condado. La normativa busca disminuir el riesgo de lesiones graves en la cabeza asociadas con este tipo de transporte.

La propuesta también contempla restricciones para los menores de edad. Ninguna persona menor de 16 años podrá operar un dispositivo capaz de superar las 20 millas por hora, y los padres o tutores podrían ser responsabilizados si permiten que un menor utilice equipos que no cumplan con los requisitos legales establecidos por el estado de Florida.

Además, los usuarios deberán portar una identificación oficial con fotografía, como una licencia de conducir, una tarjeta de identificación estatal, un pasaporte estadounidense o una identificación militar.

La ordenanza autoriza al condado a designar áreas donde estos dispositivos puedan estar prohibidos o sujetos a límites de velocidad reducidos, especialmente en zonas comerciales y de alta concentración peatonal. También prevé la recopilación de datos sobre accidentes e incidentes relacionados con bicicletas eléctricas y otros dispositivos de micromovilidad para orientar futuras políticas de seguridad pública.

De ser aprobada por la Junta de Comisionados del Condado, la normativa entrará en vigor tras su registro oficial ante el Departamento de Estado de Florida.