Tres agentes del sheriff enfrentan cargos criminales en Palm Beach: acusaciones sacuden la confianza pública
Falsificación de documentos, obstrucción y hasta secuestro figuran entre los delitos que mantienen a uno de los implicados tras las rejas
CONDADO PALM BEACH, Florida — Tres miembros de la Palm Beach County Sheriff’s Office enfrentan serias acusaciones criminales tras una investigación interna que reveló conductas consideradas delictivas por la propia agencia.
Se trata del alguacil adjunto Aljhady Acevedo, el alguacil adjunto Dennis Smikle y el sargento Travis Faller, quienes han sido colocados en licencia administrativa con sueldo mientras avanzan los procesos judiciales en su contra.
En un comunicado oficial, la oficina del sheriff subrayó su compromiso con la integridad institucional:
“La Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach mantiene a todos sus empleados bajo los más altos estándares y continúa comprometida con preservar la confianza del público. Lamentablemente, hay ocasiones en que malas decisiones derivan en conductas indebidas”, señaló la agencia.
Según las autoridades, el caso más grave es el de Acevedo, de 38 años, quien fue ingresado en el centro de detención principal y enfrenta múltiples cargos: fraude por falsificación de documentos oficiales, obstrucción de la justicia mediante manipulación de testigos, privación ilegal de libertad, agresión y secuestro. Debido a la gravedad de este último delito —que no contempla derecho a fianza—, permanecerá detenido al menos hasta su primera comparecencia judicial programada para este miércoles a las 10 de la mañana.
Por su parte, Smikle, de 59 años, y Faller, de 33, también fueron arrestados el mismo día, aunque posteriormente quedaron en libertad tras pagar una fianza de 5.000 dólares cada uno. Ambos enfrentan cargos por falsificación de documentos oficiales.
La investigación interna determinó que las acciones de los tres agentes no solo violaron los protocolos de la institución, sino que constituyen delitos penales. La oficina del sheriff aseguró que continuará vigilante para garantizar que sus actuaciones reflejen el profesionalismo y la ética que exige la comunidad.
El caso ha generado preocupación en el Condado de Palm Beach, donde residentes y líderes locales observan de cerca el desarrollo judicial, en medio de cuestionamientos sobre la conducta y supervisión dentro de las fuerzas del orden.
