Fraude millonario contra la Marina de EE.UU.: empresario recibe 5 años de prisión
El acusado manipuló contratos de combustible con documentos falsos y obtuvo más de 4.5 millones de dólares en pagos ilegales

MIAMI — Un ejecutivo del sector de combustibles fue condenado a cinco años de prisión tras ser hallado culpable de defraudar al ejército de Estados Unidos mediante un sofisticado esquema de manipulación de contratos y falsificación de documentos.
Se trata de Jasen Butler, de 38 años y residente en Jupiter, quien fue sentenciado en West Palm Beach por el juez federal Donald M. Middlebrooks a 60 meses de cárcel, además de enfrentar la confiscación de bienes adquiridos con dinero ilícito.
Un jurado ya lo había declarado culpable en enero de 34 cargos, entre ellos fraude electrónico, falsificación y lavado de dinero.
Un esquema internacional de engaño
Según las pruebas presentadas en el juicio, Butler, propietario de la empresa Independent Marine Oil Services LLC, corrompió el proceso de licitación para contratos de suministro de combustible a buques militares estadounidenses.
Entre agosto de 2022 y enero de 2024, el acusado presentó decenas de documentos falsificados —incluyendo comprobantes de transferencias e facturas— a embarcaciones desplegadas en puertos internacionales de Arabia Saudita, Singapur y Croacia, que buscaban abastecerse de combustible para misiones estratégicas.
Gracias a este esquema, Butler logró recibir más de 4,5 millones de dólares por gastos inexistentes.
Intentó ocultarse con identidad falsa
Las autoridades revelaron que, tras levantar sospechas dentro de la Marina, Butler intentó continuar con el fraude ocultando su identidad. Para ello, utilizó un nombre falso y fingió trabajar para una supuesta división de combustible de otra empresa.
El dinero obtenido fue utilizado para su enriquecimiento personal, incluyendo la compra de propiedades multimillonarias en Florida y Colorado, ahora sujetas a decomiso por orden judicial.
Mensaje contundente de las autoridades
El fiscal general interino Todd Blanche calificó el caso como un ataque directo a las fuerzas armadas: “El acusado robó millones al ejército con empleos, identidades y facturas falsas”.
Por su parte, el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones subrayó la gravedad del delito: “Cuando se defrauda a nuestras fuerzas armadas, no solo se comete un fraude, se socavan operaciones que protegen al país”.
Investigación conjunta
El caso fue investigado por múltiples agencias federales, entre ellas el Naval Criminal Investigative Service, el Defense Criminal Investigative Service y el U.S. Coast Guard Investigative Service, como parte de una ofensiva del Departamento de Justicia contra la corrupción en contratos gubernamentales.
Las autoridades reiteraron que este caso envía un mensaje claro: cualquier intento de explotar los sistemas de contratación del gobierno será perseguido y castigado con todo el peso de la ley.



