Mexicano se declara culpable por red de trabajo forzado que explotó a jornaleros agrícolas en varios estados, incluyendo Florida
Operación criminal sometió a trabajadores con visas H-2A a deudas, amenazas y condiciones infrahumanas en varios estados
WASHINGTON — Un ciudadano mexicano se declaró culpable ante una corte federal de Tampa, Florida, por su participación en una red criminal dedicada a la explotación laboral de trabajadores agrícolas mexicanos traídos a Estados Unidos con visas temporales.
Alexander Villatoro Moreno, de 53 años y también conocido como “Quichi”, admitió su responsabilidad en un cargo de conspiración bajo la Ley contra Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés). El acusado formaba parte de una estructura que, entre 2015 y 2017, obligó a decenas de trabajadores mexicanos a laborar en condiciones abusivas mientras cosechaban frutas, vegetales y otros productos agrícolas en distintas zonas del sureste del país.
De acuerdo con documentos judiciales, Villatoro Moreno y sus cómplices operaban la empresa contratista de mano de obra agrícola Los Villatoros Harvesting (LVH), la cual funcionaba como una organización criminal que trasladaba trabajadores a fincas en Florida, Kentucky, Indiana, Georgia y Carolina del Norte.
Las autoridades federales determinaron que los implicados reclutaban de manera fraudulenta a ciudadanos mexicanos con promesas engañosas para obtener visas agrícolas H-2A. Posteriormente, cobraban tarifas de contratación excesivas y mentían sobre salarios, jornadas laborales, condiciones de trabajo y reembolsos de gastos.
Ya en territorio estadounidense, las víctimas eran obligadas a trabajar extensas jornadas físicas, entre seis y siete días a la semana, recibiendo pagos muy por debajo de lo estipulado por la ley.
La investigación reveló además un patrón sistemático de coerción que incluía:
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Imposición de deudas artificiales
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Confiscación de pasaportes
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Viviendas hacinadas, insalubres y degradantes
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Abuso verbal constante
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Amenazas de arresto, cárcel y deportación
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Aislamiento social
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Amenazas de represalias contra familiares en México
Cuando comenzaron las pesquisas federales, Villatoro Moreno también obstruyó la investigación mediante la falsificación de registros de nómina y la entrega de recibos fraudulentos para simular pagos y reembolsos inexistentes.
Cómplices ya habían admitido su culpabilidad
Otros cuatro implicados en la red criminal se habían declarado culpables previamente por su participación en el esquema de explotación laboral:
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Bladimir Moreno, propietario de la empresa, se declaró culpable en 2022 de conspiración para violar la ley RICO y conspiración para cometer trabajo forzado. Fue sentenciado a 118 meses de prisión y al pago de más de $175,000 en restitución para las víctimas.
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Efrain Cabrera Rodas y Christina Gamez, supervisores de la compañía, recibieron condenas de 41 y 37 meses de prisión, respectivamente.
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Guadalupe Mendes Mendoza fue sentenciada a ocho meses de arresto domiciliario y al pago de una multa de $5,500.
Investigación internacional y cooperación binacional
El caso fue investigado por un grupo de trabajo contra la trata de personas del condado de Palm Beach, integrado por el Federal Bureau of Investigation, U.S. Immigration and Customs Enforcement y la Palm Beach County Sheriff’s Office, con apoyo de múltiples agencias federales y organizaciones de asistencia legal para trabajadores migrantes.
El Gobierno de México, a través de la Fiscalía General de la República, colaboró de manera significativa para lograr la extradición del acusado hacia Estados Unidos.
El proceso judicial está siendo dirigido por fiscales especializados del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Las autoridades reiteraron que cualquier persona con información relacionada con trata de personas puede comunicarse de forma confidencial con la Línea Nacional contra la Trata de Personas al 1-888-373-7888, disponible las 24 horas.
