Revocan ciudadanía estadounidense a delincuente sexual registrado por fraude migratorio
Un juez federal anuló la naturalización de un ciudadano de origen peruano tras comprobar que ocultó delitos graves vinculados a explotación infantil durante su proceso de ciudadanía
MIAMI — Un delincuente sexual registrado, nacido en Perú, perdió oficialmente su ciudadanía estadounidense luego de que un tribunal federal determinara que la obtuvo de manera fraudulenta, al ocultar delitos graves durante el proceso de naturalización.
El juez federal del Distrito Sur de la Florida, Rodney Smith, ordenó la revocación de la ciudadanía y la cancelación del Certificado de Naturalización de Renzo William Alegre, de 25 años y residente de Fort Lauderdale. Además, lo sentenció a 150 días de detención domiciliaria y un año de libertad condicional, tras declararse culpable de obtención ilegal de ciudadanía o naturalización.
“La ciudadanía estadounidense es un privilegio, no un escudo para el engaño”, afirmó el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones. “Este acusado mintió para obtener la ciudadanía mientras participaba activamente en delitos que explotan a menores. Cuando la ciudadanía se obtiene mediante fraude, la ley exige que sea revocada”.
De acuerdo con los documentos judiciales, el 16 de marzo de 2019 Alegre solicitó la ciudadanía estadounidense. En su solicitud respondió “no” a la pregunta de si alguna vez había cometido un delito por el cual no hubiera sido arrestado. Repitió esa misma respuesta durante una entrevista con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) el 23 de octubre de 2019. Apenas ocho días después, el 31 de octubre, se le concedió la ciudadanía.
Sin embargo, en septiembre de 2020, Alegre fue arrestado por cargos relacionados con pornografía infantil. Posteriormente fue condenado por poseer al menos 600 imágenes de material de abuso sexual infantil (CSAM) y sentenciado a 48 meses de prisión, seguidos de 20 años de libertad supervisada. En su declaración de hechos, el propio Alegre admitió que había descargado este material durante aproximadamente un año antes de su arresto, período que coincidía con su proceso de naturalización.
El anuncio fue realizado conjuntamente por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida y la oficina de Homeland Security Investigations (HSI) Miami, que lideró la investigación a través de su división en Fort Lauderdale. El caso fue procesado por la fiscal federal asistente Latoya C. Brown.
Las autoridades recalcaron que este caso subraya el compromiso del gobierno federal con la protección de los menores y la integridad del sistema migratorio y de naturalización en Estados Unidos.
