La administración de Trump lleva a la Corte Suprema la batalla por la deportaciones a terceros paises
La administración busca reactivar las expulsiones rápidas de inmigrantes hacia naciones donde no tienen vínculos, mientras tribunales exigen que puedan argumentar previamente si enfrentan riesgo de persecución o tortura.
WASHINGTON — La administración del presidente Donald Trump pidió este jueves a la Supreme Court of the United States que vuelva a permitir las deportaciones rápidas de inmigrantes hacia terceros países, incluso cuando esas naciones no sean sus países de origen ni tengan vínculos previos con los deportados.
El Departamento de Justicia solicitó una intervención de emergencia para suspender las órdenes de tribunales inferiores que establecen que los inmigrantes deben tener la posibilidad de presentar objeciones antes de ser enviados a un tercer país.
La disputa judicial se centra en el debido proceso y las garantías de seguridad que deben recibir los inmigrantes antes de una deportación de este tipo.
Una batalla judicial que llega nuevamente a la Corte Suprema
El caso se originó en Boston, donde un juez federal determinó que el gobierno no puede deportar a personas hacia países distintos de aquellos contemplados en sus órdenes de expulsión sin proporcionarles una oportunidad significativa para argumentar que podrían enfrentar persecución o tortura.
El 1er Circuito de Apelaciones confirmó en gran medida esa decisión y determinó que los inmigrantes deben recibir suficiente aviso y una oportunidad real para presentar sus temores antes de ser enviados a un tercer país.
La decisión no elimina completamente las deportaciones a terceros países, pero hace que el procedimiento sea más prolongado.
La administración Trump sostiene que esos requisitos pueden provocar importantes retrasos. En su solicitud ante la Corte Suprema, el procurador general D. John Sauer argumentó que las nuevas exigencias ya habían contribuido a la cancelación de un vuelo que transportaría a unas 70 personas con antecedentes penales hacia tres países diferentes.
El gobierno defiende los acuerdos con terceros países
La administración afirma que recurre a terceros países cuando no puede devolver rápidamente a determinados inmigrantes a sus países de origen.
Según los argumentos del gobierno, las naciones receptoras ofrecen garantías diplomáticas de que las personas deportadas no serán perseguidas ni torturadas.
En los últimos meses, Estados Unidos ha enviado a miles de inmigrantes mediante acuerdos con numerosos países, entre ellos Sudán del Sur, Guinea Ecuatorial y Panamá.
La administración considera que las restricciones impuestas por los tribunales podrían generar demoras sucesivas y obligar a renegociar algunos de esos acuerdos internacionales.
Denuncias de abusos en Guinea Ecuatorial
El conflicto judicial también se produce después de denuncias sobre el trato recibido por algunos deportados.
Este mes, abogados de dos hombres enviados a Guinea Ecuatorial afirmaron que ambos fueron golpeados y mantenidos bajo amenaza de armas por policías en un hotel convertido en centro de detención. Según los abogados, los agentes llegaron a cubrirles la cabeza con bolsas.
Uno de los hombres, identificado como el egipcio Ahmed Soliman, fue posteriormente detenido después de criticar públicamente el trato recibido por los deportados, según su abogado. Reuters informó que las autoridades de Guinea Ecuatorial no habían respondido públicamente sobre su situación.
Estas denuncias han incrementado el escrutinio sobre las garantías de seguridad ofrecidas por los países que reciben a personas deportadas desde Estados Unidos.
Más de 25.000 personas afectadas
La política comenzó a implementarse durante el segundo mandato de Trump y, según registros públicos citados por medios estadounidenses, más de 25.000 inmigrantes habían sido enviados a terceros países desde que Trump regresó a la Casa Blanca.
La administración ha planteado las deportaciones masivas como uno de los principales componentes de su política migratoria y ha prometido expulsar a millones de personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.
Ahora, la Corte Suprema deberá decidir si permite que las deportaciones rápidas hacia terceros países continúen mientras avanza el litigio o si mantiene vigentes las exigencias de los tribunales inferiores sobre aviso y oportunidad para presentar objeciones relacionadas con persecución o tortura.
La decisión podría tener consecuencias importantes para el alcance de la política migratoria de la administración Trump y para los procedimientos que deben seguir las autoridades antes de trasladar a un inmigrante a un país con el que no tiene vínculos.
