Escuelas privadas podrían perder su exención fiscal por discriminación racial
Hasta 18.000 instituciones educativas podrían verse afectadas por la nueva propuesta del Tesoro y el IRS, que prohibiría utilizar raza, color u origen étnico en admisiones, becas y otros programas para mantener el beneficio tributario federal.
WASHINGTON. — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunciaron nuevas regulaciones propuestas que buscan impedir que las escuelas privadas que incurran en discriminación racial mantengan su condición de organizaciones exentas de impuestos bajo la sección 501(c)(3) del Código Tributario.
La iniciativa forma parte de las medidas de la administración del presidente Donald Trump destinadas a eliminar políticas que, según el gobierno federal, utilizan criterios raciales y a promover oportunidades basadas en el mérito.
“Esta administración está defendiendo a los estudiantes estadounidenses al garantizar que la discriminación racial no tenga cabida en la educación”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Bessent sostuvo que algunas instituciones pueden presentar determinadas políticas basadas en la raza bajo términos como “equidad”, “inclusión” o “diversidad”, pero señaló que el cambio de denominación no modifica su naturaleza discriminatoria.
Por su parte, Frank J. Bisignano, director ejecutivo del IRS, advirtió que las instituciones educativas privadas que mantengan prácticas discriminatorias podrían perder los beneficios asociados con la exención tributaria federal.Qué cambiaría con la nueva propuesta?
De aprobarse, una escuela privada no podría acogerse a la exención fiscal federal contemplada en la sección 501(c)(3) si adopta, mantiene o aplica una política que discrimine por motivos de raza, color, origen nacional u origen étnico.
La regulación abarcaría prácticamente todas las áreas administradas o respaldadas por una institución educativa, incluyendo:
- Admisiones.
- Becas y ayudas financieras.
- Préstamos estudiantiles.
- Políticas educativas.
- Programas deportivos.
- Programas y actividades escolares.
- Otros beneficios o servicios proporcionados por la institución.
El Tesoro y el IRS estiman que la propuesta podría afectar a hasta 18.000 instituciones educativas privadas en Estados Unidos, desde escuelas primarias y secundarias hasta universidades, escuelas profesionales y centros de formación técnica
El gobierno federal sostiene que la propuesta se basa en un principio reconocido durante décadas por la Corte Suprema: las organizaciones que reciben determinados beneficios fiscales deben cumplir con políticas públicas fundamentales, incluida la prohibición de la discriminación racial.
Las nuevas regulaciones hacen referencia a decisiones históricas como Brown v. Board of Education, Bob Jones University v. United States y Students for Fair Admissions v. Harvard.
El objetivo, según el Tesoro y el IRS, es actualizar y aclarar las normas existentes para establecer un estándar uniforme de no discriminación para las instituciones educativas privadas.
La propuesta también eliminaría disposiciones antiguas de la normativa del IRS que permitían determinadas preferencias raciales en áreas como admisiones, instalaciones, programas educativos, becas y asistencia financiera.
La propuesta aclara que las nuevas reglas no impedirían que una escuela privada mantuviera una misión religiosa, un currículo religioso o programas de observancia religiosa.
Las instituciones religiosas podrían continuar seleccionando estudiantes sobre la base de una afiliación o membresía religiosa genuina, de acuerdo con la legislación federal vigente.
Sin embargo, el criterio religioso no permitiría justificar decisiones que discriminen racialmente.
El gobierno federal también señala que las escuelas podrían continuar utilizando criterios neutrales respecto de la raza para ampliar las oportunidades educativas de estudiantes en situaciones desfavorecidas.
Entre los factores que podrían utilizarse figuran:
- Ingresos familiares.
- Lugar de residencia.
- Ser estudiante de primera generación universitaria.
- Circunstancias individuales de dificultad.
- Pertenecer a una familia militar.
- Logros académicos.
La diferencia fundamental establecida por la propuesta es que las instituciones no podrían utilizar directamente la raza, el color o el origen nacional o étnico para tomar decisiones de admisión o conceder beneficios.
En caso de convertirse en regulación definitiva, las disposiciones se aplicarían a los años fiscales que comiencen a partir del 31 de mayo de 2027.
Ese plazo, según el Tesoro y el IRS, permitiría a las instituciones afectadas revisar sus políticas y realizar los cambios necesarios en materia de admisiones, becas y otros programas.
Por ahora se trata de regulaciones propuestas, por lo que el proceso todavía debe avanzar antes de que las disposiciones puedan convertirse en normas definitivas.
La propuesta fue publicada para su revisión pública en el Registro Federal y forma parte de la agenda de la administración Trump para modificar las políticas federales relacionadas con la discriminación y las preferencias raciales en la educación.
