Estados Unidos impone nuevas sanciones y restricciones de visado a más de 2.350 funcionarios del régimen de Nicaragua
El Departamento de Estado señala responsabilidades en la muerte del preso político Brooklyn Rivera y amplía medidas contra funcionarios vinculados al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo
El Gobierno de Estados Unidos, a través del secretario de Estado Marco Rubio, anunció este 8 de junio de 2026 un nuevo paquete de sanciones y restricciones de visado dirigidas a funcionarios del régimen nicaragüense, en respuesta a lo que calificó como violaciones graves de derechos humanos y la muerte del preso político Brooklyn Rivera.
En una declaración oficial del U.S. Department of State, Washington responsabilizó a altos funcionarios del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo por acciones que, según la administración estadounidense, contribuyeron a la negación de asistencia médica al opositor Brooklyn Rivera, así como a impedir que su familia pudiera darle sepultura.
El comunicado también señala directamente a Lumberto Campbell Hooker, ya sancionado previamente por Estados Unidos, por su presunta participación en la obstrucción de atención médica y en el manejo del cuerpo del dirigente indígena y político opositor.
Como parte de la nueva medida, la administración estadounidense anunció restricciones de visado adicionales para más de 100 funcionarios del régimen y sus familiares, ampliando así un esquema que ya afecta a más de 2.350 personas vinculadas al gobierno nicaragüense.
“Estados Unidos no ignorará la responsabilidad de la dictadura de Murillo-Ortega”, señala el comunicado, al tiempo que reafirma su apoyo al pueblo nicaragüense y a quienes, como Brooklyn Rivera, buscan una “Nicaragua libre”.
Las sanciones se enmarcan en la proclamación presidencial 10309, que permite restringir la entrada a Estados Unidos a funcionarios extranjeros y personas vinculadas a acciones que debiliten instituciones democráticas o violen derechos fundamentales.
La medida representa una nueva escalada diplomática entre Washington y Managua, en medio de crecientes tensiones internacionales por denuncias de represión política, encarcelamientos de opositores y restricciones a las libertades civiles en Nicaragua.
Para la comunidad internacional y los observadores regionales, este anuncio refuerza la presión sobre el gobierno nicaragüense y abre un nuevo capítulo en el debate sobre responsabilidad, justicia y derechos humanos en Centroamérica.
