DHS denuncia fraude masivo en solicitudes migratorias para menores y revela miles de antecedentes criminales
Un informe de USCIS identifica cerca de 19.000 solicitantes del programa para Jóvenes Inmigrantes Especiales con registros de arresto, incluidos casos de homicidio, delitos sexuales y vínculos con pandillas como MS-13.
WASHINGTON.- El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) lanzó una severa advertencia sobre presuntos abusos y fraudes dentro del programa de Jóvenes Inmigrantes Especiales (SIJ, por sus siglas en inglés), un mecanismo creado para proteger a menores extranjeros que han sido víctimas de abuso, abandono o negligencia y que les permite obtener la residencia permanente legal en el país.
La preocupación surge tras la divulgación de un informe elaborado por la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional (FDNS) del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), que analizó datos correspondientes a los años fiscales 2013 a 2025.
Según el reporte, cerca de 19.000 solicitantes del programa SIJ tenían antecedentes de arresto. Entre ellos figuran 120 personas vinculadas a casos de homicidio, más de 200 beneficiarios aprobados que posteriormente fueron condenados por delitos sexuales y más de 500 individuos identificados como miembros o presuntos integrantes de la pandilla MS-13. Asimismo, más de 100 solicitantes mantenían presuntos vínculos con la pandilla conocida como Calle 18.
El asesor jurídico general del DHS, James Percival, solicitó a los jueces estatales reforzar los controles y la verificación de las solicitudes, argumentando que la falta de supervisión adecuada ha permitido que personas involucradas en actividades criminales obtengan beneficios migratorios diseñados originalmente para proteger a menores vulnerables.
«Si bien el programa SIJ cumple importantes objetivos establecidos por el Congreso, enfrenta un riesgo significativo de fraude», afirmó Percival. Según el funcionario, en numerosos casos no existe una investigación formal por parte de servicios de protección infantil u otras agencias especializadas, lo que facilita que algunos solicitantes obtengan órdenes judiciales sin demostrar plenamente que cumplen con los requisitos legales.
El informe cita varios casos que han generado preocupación entre las autoridades federales. Entre ellos destaca el de un líder de una célula de MS-13 en Nueva York que posteriormente se declaró culpable de cargos relacionados con crimen organizado y participación en ocho asesinatos. También menciona a un integrante de la pandilla Trinitarios involucrado en un tiroteo desde un vehículo que dejó dos muertos y cinco heridos, cuya petición SIJ fue aprobada después de que presuntamente cometiera esos delitos.
Otro caso señalado involucra a cuatro miembros de una misma estructura de MS-13 en Virginia, acusados en investigaciones federales por conspiraciones criminales relacionadas con múltiples homicidios, incluido el asesinato de una joven de 19 años.
Las autoridades sostienen que parte del problema radica en que algunos tribunales estatales emiten las órdenes necesarias para respaldar las solicitudes SIJ sin realizar audiencias o revisiones exhaustivas. De acuerdo con DHS, esta práctica facilita posibles fraudes y reduce la capacidad del sistema para distinguir entre menores realmente vulnerables y personas que podrían representar un riesgo para la seguridad pública.
El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que fortalecer los mecanismos de revisión judicial permitiría preservar el propósito original del programa, garantizando que los beneficios lleguen exclusivamente a niños y adolescentes que hayan sufrido abuso, negligencia o abandono, al tiempo que se evita el uso indebido del sistema migratorio.
