El Supremo decide el futuro del TPS y pone en vilo a más de un millón de migrantes en Estados Unidos
Haitianos, sirios, venezolanos y salvadoreños podrían quedar expuestos a deportaciones masivas si la Corte falla a favor de la Administración Trump
WASHINGTON, D. C. – Cientos de personas y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes se concentrarán este miércoles frente al edificio del Tribunal Supremo en Washington D. C. mientras, en el interior del máximo tribunal del país, los jueces escuchan argumentos en un caso que podría redefinir el futuro migratorio de más de un millón de personas en Estados Unidos.
La Corte Suprema analizará la legalidad de la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés ) para ciudadanos de Haití y Siria, una decisión impulsada por la Administración del presidente Donald Trump y que podría abrir la puerta a deportaciones masivas de migrantes amparados bajo ese programa humanitario.
De acuerdo con organizaciones de defensa legal, más de 350.000 haitianos y unos 6.000 sirios perderían inmediatamente su protección migratoria si el Supremo falla en contra de los demandantes. Sin embargo, las repercusiones podrían extenderse mucho más allá de esos países y afectar también a ciudadanos de Venezuela, El Salvador, Afganistán y otras naciones incluidas en el TPS.
El TPS fue creado en 1990 durante la presidencia de George H. W. Bush para ofrecer protección temporal a personas provenientes de países afectados por guerras, conflictos armados, desastres naturales o crisis humanitarias. A diferencia del asilo político, este mecanismo permite otorgar protección colectiva de manera rápida y renovable.
Haití recibió la designación de TPS en 2010 tras el devastador terremoto que dejó cientos de miles de muertos y colapsó gran parte del país. Siria, por su parte, obtuvo la protección debido a la guerra civil desatada tras la represión del régimen de Bashar al-Assad contra protestas antigubernamentales.
La controversia actual comenzó después de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunciara el fin del TPS para Haití, Siria y otros 11 países. La Administración sostiene que las condiciones que justificaron originalmente la protección ya no existen, argumento que ha sido rechazado por tribunales inferiores.
En el caso de Siria, conocido como Mullin contra Dahlia Doe, una jueza federal concluyó que la cancelación del TPS estuvo influenciada por “motivaciones políticas indebidas”. La demandante, identificada bajo seudónimo, es una joven profesional que vive en Nueva York y cuida de su padre enfermo de Parkinson. Aunque es ciudadana siria, nunca ha vivido en Siria.
En paralelo, el caso Trump contra Miot, relacionado con Haití, también provocó fuertes críticas judiciales. La jueza federal Ana Reyes afirmó que la decisión estuvo marcada por una supuesta animosidad “antinegra y antihaitiana”, citando comentarios anteriores de Trump sobre Haití y los inmigrantes haitianos.
Los abogados de los migrantes argumentan además que la Administración incurre en contradicciones al eliminar el TPS mientras el propio Gobierno estadounidense continúa desaconsejando viajes a esos países debido a la violencia, el terrorismo y la inestabilidad política.
El debate también tiene un fuerte impacto económico. Un informe publicado esta semana por FWD.US señala que los beneficiarios del TPS aportan más de 29.000 millones de dólares anuales a la economía estadounidense y pagan cerca de 8.000 millones en impuestos.
La decisión del Tribunal Supremo podría convertirse en uno de los fallos migratorios más trascendentales de los últimos años y marcar el rumbo de las políticas de protección humanitaria en Estados Unidos.
