Corte Suprema permite a Trump avanzar con restricciones al voto por correo
La decisión suspende una orden judicial que bloqueaba la medida en 23 estados y Washington D.C., pero los magistrados aún no determinan si la orden ejecutiva es constitucional.
WASHINGTON — La Corte Suprema de Estados Unidos abrió el lunes el camino para que la administración del presidente Donald Trump avance con parte de su orden ejecutiva destinada a restringir el uso de las boletas por correo de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, aunque los magistrados no emitieron una decisión definitiva sobre la legalidad de la medida.
En una resolución de emergencia, los jueces aceptaron la solicitud del Departamento de Justicia para suspender una medida cautelar emitida en junio por la jueza federal Indira Talwani, de Boston, que había impedido al gobierno aplicar la directiva en 23 estados, en su mayoría gobernados por demócratas, y en Washington D.C.
La decisión de la Corte Suprema modifica el efecto inmediato de esa medida cautelar y permite a la administración continuar con la directiva mientras el litigio sigue su curso. Sin embargo, los magistrados no resolvieron las cuestiones constitucionales de fondo.
La Corte tampoco intervino sobre otra medida cautelar de alcance nacional emitida por Talwani el 11 de agosto, que impide al Servicio Postal de Estados Unidos hacer cumplir las nuevas reglas más estrictas relacionadas con las boletas electorales enviadas por correo.
El Departamento de Justicia había pedido a la Corte Suprema que aclarara que su decisión se aplicaba a ambas medidas cautelares, pero los magistrados no lo hicieron.
Por ello, la resolución del lunes no representa una autorización completa para que la administración implemente todas las disposiciones de la orden ejecutiva de Trump.
Los tres magistrados liberales de la Corte —que cuenta con una mayoría conservadora de seis jueces frente a tres— votaron en contra de la decisión.
La orden ejecutiva, firmada por Trump en marzo, instruyó al Departamento de Seguridad Nacional a recopilar y enviar a los estados listas de ciudadanos estadounidenses considerados elegibles para votar en cada jurisdicción.
También ordenó al Departamento de Justicia dar prioridad a las investigaciones y posibles procesos penales contra funcionarios electorales estatales y locales que entreguen boletas a personas consideradas no elegibles para votar en elecciones federales.
Además, la orden estableció que el Servicio Postal debería entregar boletas electorales únicamente a los votantes incluidos en las listas aprobadas por cada estado para votar por correo.
El Servicio Postal ya había comenzado a tomar medidas para aplicar la directiva, aunque la ejecución de las nuevas reglas continúa bloqueada por la orden judicial nacional emitida por Talwani en agosto.
Trump ha expresado reiteradamente su intención de eliminar el uso de boletas por correo a nivel nacional antes de las elecciones de noviembre y ha cuestionado durante años la seguridad de este mecanismo de votación.
La disputa judicial comenzó después de que 23 estados y Washington D.C. demandaran a la administración Trump para impedir la implementación de la orden ejecutiva.
En su fallo de junio, Talwani determinó que el presidente no tenía autoridad para ordenar cambios en la manera en que los estados administran las elecciones federales. La jueza señaló que la Constitución reserva a los estados determinadas facultades relacionadas con los requisitos de elegibilidad de los votantes.
Talwani también concluyó que las agencias federales carecían de capacidad para elaborar listas precisas de ciudadanos elegibles para votar en cada estado.
La administración Trump argumentó que la demanda era prematura y que los estados no tenían fundamento legal suficiente para impugnar la orden porque las agencias federales todavía no habían adoptado medidas concretas que los afectaran.
Según el gobierno, los daños alegados por los estados eran especulativos.
Los estados, por su parte, sostuvieron que los esfuerzos para modificar las reglas del voto por correo antes de las elecciones de mitad de mandato ya estaban generando problemas administrativos, incluyendo posibles costos de cumplimiento y cambios en los procedimientos electorales.
Talwani rechazó los argumentos del gobierno y determinó que los estados tenían legitimidad para presentar la demanda debido a las posibles alteraciones en la administración electoral, los costos de cumplimiento y el riesgo creíble de investigaciones o procesos penales contra funcionarios.
La decisión del lunes afecta el alcance inmediato del fallo de Talwani de junio, pero no resuelve la controversia constitucional sobre la autoridad presidencial para modificar las reglas del voto por correo.
Los estados todavía pueden continuar con sus demandas y el caso podría regresar a la Corte Suprema a medida que se acerquen las elecciones de noviembre.
Las restricciones al voto por correo también podrían tener consecuencias políticas importantes durante unos comicios en los que los republicanos buscan mantener el control del Congreso. Históricamente, los votantes demócratas han recurrido al voto por correo con mayor frecuencia que los republicanos.
La orden ejecutiva forma parte de una estrategia más amplia de Trump para modificar los procedimientos electorales en Estados Unidos.
El presidente también ha presionado al Congreso, controlado por los republicanos, para aprobar el denominado SAVE America Act, un paquete de medidas que contempla nuevas restricciones relacionadas con el proceso electoral.
Por ahora, la decisión de la Corte Suprema permite a la administración avanzar parcialmente con su iniciativa, pero deja abierta una batalla judicial que podría intensificarse conforme se aproximen las elecciones de noviembre.
