EE. UU. sanciona a dos altos funcionarios de la Corte Penal Internacional
Marco Rubio acusa a la CPI de estar «politizada» y advierte que la Administración Trump podría adoptar nuevas medidas para debilitar y desmantelar el tribunal.
WASHINGTON — La Administración del presidente Donald Trump amplió este martes su ofensiva contra la Corte Penal Internacional (CPI) al designar a dos de sus principales funcionarios, incluida su presidenta, como sujetos de sanciones estadounidenses, en una nueva escalada de la campaña de Washington contra el tribunal.
El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la designación de Tomoko Akane, presidenta de la CPI y nacional de Japón, y Abdoulaye Seye, fiscal principal de la institución y nacional de Senegal, bajo la Orden Ejecutiva 14203, emitida para imponer sanciones contra la Corte Penal Internacional.
En una declaración difundida por el Departamento de Estado, Rubio acusó a la CPI de ser un organismo «supranacional corrupto y fatalmente politizado» que, según Washington, ha abusado de su autoridad y excedido su mandato.
«No toleraremos su ataque a la soberanía del Estado», afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.
La Administración Trump sostiene que la CPI ha intentado ejercer su autoridad sobre ciudadanos de Estados Unidos y de otros países que no han aceptado la jurisdicción del tribunal ni ratificado el Estatuto de Roma, tratado que estableció la Corte Penal Internacional.
Según Rubio, las acciones de la CPI contra funcionarios de países que no han aceptado su jurisdicción representan un precedente peligroso para la soberanía nacional.
El Departamento de Estado señaló que los dos funcionarios sancionados participaron directamente en esfuerzos de la CPI relacionados con la investigación, arresto, detención o procesamiento de funcionarios cuyos gobiernos no han consentido la jurisdicción del tribunal.
Las designaciones forman parte de una campaña diplomática que el Gobierno estadounidense puso en marcha el mes pasado para enfrentar lo que considera abusos de poder de la CPI.
Rubio advirtió que la estrategia de Washington no se limitará a las sanciones anunciadas este martes.
El secretario de Estado afirmó que la Administración Trump pretende impulsar una campaña internacional para que otros países reduzcan o pongan fin a su financiación y participación en la CPI.
«Debe ponerse fin a la capacidad de la CPI para actuar contra ciudadanos estadounidenses y de otros países que no son parte del estatuto», sostuvo Rubio.
El Gobierno estadounidense también dejó abierta la posibilidad de adoptar nuevas medidas contra el tribunal.
Rubio afirmó que la Administración Trump está dispuesta a tomar «medidas adicionales, si fuera necesario», con el objetivo de desmantelar sistemáticamente la CPI hasta que, según sus palabras, sea incapaz de amenazar la soberanía de Estados Unidos.
Una disputa de larga data
Estados Unidos no es Estado Parte del Estatuto de Roma y ha mantenido durante años una relación conflictiva con la CPI. La Administración Trump ha intensificado esa postura al considerar que el tribunal no debe tener autoridad sobre ciudadanos estadounidenses sin el consentimiento de Washington.
La CPI, con sede en La Haya, investiga y juzga a personas acusadas de crímenes internacionales graves, entre ellos genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, cuando se cumplen las condiciones establecidas por el Estatuto de Roma.
Las nuevas sanciones representan otro paso en la confrontación entre Washington y el tribunal y podrían incrementar la presión sobre los países que apoyan financieramente o cooperan con la CPI.
El anuncio de Rubio fue emitido el 18 de agosto de 2026 por el Departamento de Estado. La dependencia aclaró que la versión en español de su comunicado es una traducción de cortesía y que la versión original en inglés es la fuente oficial.
Fuente: Departamento de Estado de Estados Unidos, declaración del secretario de Estado Marco Rubio, 18 de agosto de 2026.
