Roberts permite a Trump continuar las obras del salón de baile de la Casa Blanca
El presidente de la Corte Suprema autorizó temporalmente la construcción del proyecto de $400 millones mientras el máximo tribunal analiza la apelación del gobierno.
WASHINGTON. — El presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, autorizó temporalmente este viernes a la administración de Donald Trump a continuar con la construcción del nuevo salón de baile de la Casa Blanca, un proyecto valorado en unos 400 millones de dólares que enfrenta una disputa legal sobre la autoridad del Poder Ejecutivo para llevarlo adelante sin aprobación del Congreso.
Roberts emitió una orden temporal mientras el máximo tribunal analiza una apelación de emergencia presentada por el gobierno de Trump. Como presidente de la Corte Suprema, Roberts supervisa las apelaciones relacionadas con casos procedentes de Washington.
La decisión permite que los trabajos continúen, al menos por ahora, después de que tribunales inferiores habían ordenado detener la construcción al considerar que el proyecto requería autorización del Congreso.
La disputa llega a la Corte Suprema en un momento en que Trump ha impulsado una interpretación amplia de los poderes presidenciales y ha promovido importantes modificaciones en el complejo de la Casa Blanca.
La administración Trump sostiene que el presidente tiene amplias facultades para remodelar la Casa Blanca y otros edificios federales. Sus abogados también argumentan que la culminación del proyecto es necesaria por razones de seguridad nacional.
Sin embargo, cuando Trump anunció inicialmente el proyecto, no presentó la seguridad nacional como su principal argumento. En ese momento, afirmó que el salón sería financiado mediante donaciones privadas, incluidas aportaciones personales del propio presidente.
El National Trust for Historic Preservation, organización que cuestiona el proyecto, sostiene que Trump no tiene autoridad unilateral para ejecutar una obra de esta magnitud. La organización también ha cuestionado la demolición del Ala Este de la Casa Blanca, donde se está construyendo el nuevo salón.
Los abogados de la organización conservacionista han acusado a la administración de intentar acelerar las obras para avanzar antes de que los tribunales puedan pronunciarse definitivamente sobre el caso.
Según documentos judiciales presentados por el Departamento de Justicia, aproximadamente el 65 % del proyecto ya estaría terminado. El futuro salón tendrá unos 90.000 pies cuadrados, equivalentes a aproximadamente 8.400 metros cuadrados.
Los trabajos se desarrollan durante 20 horas al día, siete días a la semana, de acuerdo con los argumentos presentados por el gobierno ante los tribunales.
La administración también señala que alrededor de 200 millones de dólares en donaciones privadas ya han sido gastados o comprometidos para la construcción.
Un juez federal de distrito en Washington había ordenado detener en abril los trabajos de construcción sobre el nivel del suelo. Posteriormente, una corte de apelaciones confirmó la suspensión, aunque permitió que continuaran determinadas labores subterráneas relacionadas con búnkeres e instalaciones militares.
Dos jueces de la corte de apelaciones nombrados por presidentes demócratas concluyeron que una obra de esta naturaleza correspondía al Congreso y no podía ejecutarse mediante una decisión unilateral del Poder Ejecutivo.
Un tercer juez, designado por Trump, sostuvo que el grupo conservacionista que presentó la demanda no tenía legitimidad legal para impugnar el proyecto.
El procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, calificó la decisión de detener las obras como «extraordinaria e ilegal» y defendió el argumento de que completar el proyecto resulta fundamental para la seguridad nacional.
La orden de Roberts no representa todavía una decisión definitiva de la Corte Suprema sobre el fondo del caso. Por ahora, permite que la construcción continúe mientras los magistrados estudian la solicitud de emergencia presentada por la administración Trump.
El caso podría convertirse en una prueba importante sobre los límites del poder presidencial para modificar propiedades federales y, en particular, sobre hasta dónde puede llegar un presidente al transformar la sede del Poder Ejecutivo sin una autorización específica del Congreso.
Mientras la batalla judicial continúa, las obras del nuevo salón de baile de la Casa Blanca seguirán avanzando.
