La población de inmigrantes indocumentados en EE. UU. alcanza un récord histórico de 15.8 millones
Un estudio del Migration Policy Institute revela que el número de inmigrantes sin estatus legal aumentó en casi cinco millones entre 2019 y 2024, impulsado por crisis regionales, la recuperación económica y cambios en las políticas migratorias.
La población de inmigrantes no autorizados que reside en Estados Unidos alcanzó un máximo histórico de 15,8 millones de personas en 2024, según un nuevo informe publicado por el Migration Policy Institute (MPI), un centro de estudios independiente y no partidista especializado en políticas migratorias.
El estudio concluye que la población de inmigrantes sin estatus legal aumentó en aproximadamente cinco millones de personas entre 2019 y 2024, dejando atrás varios años en los que la cifra se mantuvo relativamente estable en torno a los 11 millones.
Los investigadores señalaron que el mayor crecimiento se produjo entre 2022 y 2023, cuando alrededor de 1.6 millones de inmigrantes se incorporaron a la población no autorizada. En el período siguiente, entre 2023 y 2024, el incremento se redujo a aproximadamente 1,1 millones, lo que refleja una desaceleración en el ritmo de crecimiento.
El informe sostiene que el incremento respondió a una combinación de factores, entre ellos el fin de las restricciones impuestas durante la pandemia de COVID-19, la fortaleza de la economía estadounidense y la inestabilidad política, económica y social en varios países de América Latina y el Caribe.
Según el MPI, Centroamérica aportó cerca de 2,25 millones de inmigrantes durante el período analizado, mientras que Sudamérica contribuyó con aproximadamente 1,2 millones. Honduras y Guatemala encabezaron la lista de países de origen, con alrededor de 843.000 y 827.000 inmigrantes, respectivamente.
En contraste, México dejó de ser la principal fuente de migración hacia Estados Unidos. Entre 2019 y 2024, el flujo procedente de ese país fue de aproximadamente 266.000 personas, muy por debajo de los niveles registrados hace más de una década.
El estudio también atribuye el aumento migratorio a las crisis políticas y económicas en países como Venezuela, Cuba y Haití, así como a la violencia de las pandillas y los desastres naturales que han afectado a la región.
Los investigadores explicaron que la cifra de 15,8 millones incluye no solo a quienes ingresaron al país sin autorización o permanecieron después del vencimiento de sus visas, sino también a personas protegidas temporalmente mediante programas como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y otros mecanismos humanitarios, como el parole.
El informe estima que alrededor del 40 % de esta población está o estuvo amparada por algún tipo de protección humanitaria o temporal.
La directora asociada del programa estadounidense del MPI, Julia Gelatt, afirmó que el crecimiento de la población inmigrante fue significativo, aunque menor de lo que algunas estimaciones habían sugerido durante el debate político.
Gelatt señaló que la percepción de que la administración del expresidente Joe Biden mantenía una política más favorable hacia los inmigrantes influyó en la decisión de muchas personas de emprender el viaje hacia Estados Unidos, especialmente debido a la menor utilización de centros de detención para familias y a la reducción de las separaciones familiares en la frontera.
Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha reforzado las medidas contra la inmigración irregular, intensificando las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), restringiendo el acceso a programas de protección temporal y promoviendo deportaciones a gran escala.
De acuerdo con el informe, el endurecimiento de los controles fronterizos y el incremento de arrestos por parte de ICE podrían provocar una estabilización e incluso una disminución gradual de la población inmigrante no autorizada en los próximos años. Sin embargo, los investigadores advierten que ese proceso no será inmediato, ya que millones de personas continúan protegidas por permisos temporales, visas de trabajo o estudio, o permanecen en el país mientras esperan la resolución de sus casos ante los tribunales de inmigración.
Los autores del estudio concluyen que una reforma migratoria que agilice las decisiones sobre solicitudes de asilo y otros procesos legales podría contribuir a reducir la incertidumbre y establecer reglas más claras tanto para quienes buscan ingresar al país como para quienes ya residen en él.
