Pamela Bondi toma medidas para frenar beneficios federales a inmigrantes indocumentados
Desde hace casi 30 años que permitía a inmigrantes indocumentados acceder a ciertos beneficios federales

WASHINGTON, D. C. — La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, anunció este viernes una medida decisiva destinada a poner fin a lo que calificó como la «subvención de fronteras abiertas con dinero de los contribuyentes». La decisión implica la revocación de una orden vigente desde hace casi 30 años que permitía a inmigrantes indocumentados acceder a ciertos beneficios federales.
La acción se alinea con una orden ejecutiva firmada recientemente por el presidente Donald Trump y responde al marco legal establecido en la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidad de Trabajo (PRWORA, por sus siglas en inglés) de 1996. Dicha ley restringe el acceso a beneficios públicos exclusivamente a ciudadanos estadounidenses y a inmigrantes con estatus legal («extranjeros calificados»).
Bondi revocó formalmente las excepciones implementadas por la exfiscal general Janet Reno en los años 90, las cuales permitían que ciertos programas federales siguieran brindando asistencia a personas sin estatus migratorio regular.
“Durante décadas, administraciones anteriores han actuado en contra de los principios y limitaciones establecidos por el Congreso a través de PRWORA. Eso se acabó”, declaró Bondi en un comunicado. “Esta acción del gobierno del presidente Trump preserva los beneficios públicos para los ciudadanos estadounidenses, refuerza el Estado de derecho y evita el desperdicio de los fondos de los contribuyentes”.
La medida ha generado reacciones divididas entre sectores políticos y sociales. Mientras algunos aplauden el esfuerzo por restringir el gasto público y reforzar las leyes migratorias, organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por su impacto en comunidades vulnerables.
Se espera que esta decisión tenga implicaciones inmediatas en la administración de programas sociales a nivel federal, aunque expertos anticipan desafíos legales por parte de grupos defensores de inmigrantes.
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