La Cámara de Representantes se prepara para votar la polémica SAVE Act que podría transformar las elecciones en EE.UU.
Republicanos impulsan requisitos más estrictos de ciudadanía e identificación para votar, mientras demócratas alertan sobre millones de electores que podrían quedar excluidos
WASHINGTON – La reforma electoral ocupará el centro del debate político esta semana en el Capitolio, donde la Cámara de Representantes tiene previsto votar la controvertida SAVE Act, una propuesta legislativa que podría impactar el sistema electoral en todo Estados Unidos.
Actualmente, la ley federal ya exige que los votantes en elecciones nacionales sean ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, la SAVE Act iría más allá al requerir pruebas documentadas de ciudadanía al momento de registrarse para votar y la presentación obligatoria de una identificación con fotografía en los centros de votación.
La iniciativa ha sido durante años una de las principales banderas del Partido Republicano, incluyendo al expresidente Donald Trump, quien ha intensificado la presión sobre el Congreso para aprobar cambios en el sistema electoral. Durante el fin de semana, Trump publicó en su plataforma Truth Social un llamado a “todos los republicanos a luchar” por la aprobación del proyecto.
Por su parte, legisladores demócratas y organizaciones progresistas han expresado su rechazo a la medida, argumentando que exigir pruebas documentales de ciudadanía en el registro electoral sería poco práctico y podría restringir el acceso al voto. Según Democracy Docket, al menos 21,3 millones de votantes —cerca del 9% de los ciudadanos estadounidenses en edad de votar— no tendrían acceso a los documentos requeridos por la legislación.
En caso de que la SAVE Act sea aprobada por la Cámara esta semana, su futuro en el Senado permanece incierto. Analistas señalan que los republicanos probablemente tendrían que modificar las reglas del filibusterismo para que el proyecto avance.
Otro obstáculo potencial para su implementación es la falta de financiamiento adicional contemplado en la propuesta para gobiernos locales y oficinas electorales, que serían las encargadas de aplicar y supervisar las nuevas disposiciones si la ley llega a promulgarse.
