DHS condiciona más de $1,000 millones en fondos federales a nuevas medidas de seguridad electoral
La Administración Trump exigirá auditorías manuales, verificación de ciudadanía y la eliminación gradual de sistemas electrónicos con códigos QR antes de otorgar subvenciones federales a los estados

WASHINGTON. – El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), anunció un nuevo paquete de requisitos de seguridad electoral que los estados, territorios, naciones tribales y gobiernos locales deberán cumplir para acceder a más de 1.000 millones de dólares en subvenciones del Programa de Subvenciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Grant Program).
La medida, impulsada por la Administración del presidente Donald Trump, busca reforzar la protección de la infraestructura electoral frente a amenazas como la interferencia extranjera, los ciberataques y posibles riesgos internos.
«La seguridad electoral es seguridad nacional y proteger la infraestructura crítica del país es una prioridad absoluta«, afirmó el secretario del DHS, Markwayne Mullin, al anunciar las nuevas condiciones para los beneficiarios de los fondos federales.
Según el funcionario, las medidas permitirán fortalecer la confianza de los ciudadanos en los resultados de las elecciones y garantizar una mayor transparencia en todo el proceso electoral.
Principales requisitos para recibir los fondos
Entre las nuevas condiciones establecidas por el DHS destacan:
- Eliminación gradual de sistemas de votación considerados inseguros, especialmente aquellos que utilizan códigos de barras o códigos QR para contabilizar votos. Los estados deberán presentar un plan para migrar hacia equipos que acepten exclusivamente boletas de papel marcadas a mano, creando así un respaldo físico verificable.
- Auditorías manuales obligatorias de al menos el 5% de todas las papeletas emitidas después de cada elección federal. El objetivo es comparar físicamente una muestra aleatoria de votos con los resultados reportados por las máquinas para detectar posibles errores o manipulaciones.
- Conciliación del número de votantes con el número de boletas contabilizadas, una verificación destinada a confirmar que ambas cifras coincidan antes de certificar los resultados oficiales.
- Verificación de ciudadanía de los votantes registrados mediante el sistema federal SAVE (Systematic Alien Verification for Entitlements) administrado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Los estados dispondrán de 120 días tras aceptar la subvención para completar este proceso. En los casos donde existan limitaciones derivadas de litigios judiciales sobre el funcionamiento del sistema SAVE, podrán solicitar búsquedas de registros migratorios conforme a la legislación federal vigente.
- Comprobación de ciudadanía del personal electoral, incluyendo trabajadores de los centros de votación y personas encargadas de operar los sistemas electorales, utilizando el sistema SAVE u otro mecanismo gubernamental autorizado.
FEMA retendrá parte de los fondos
Como parte del nuevo esquema de control, FEMA informó que retendrá el 20% del monto total de cada subvención hasta que el estado beneficiario demuestre documentalmente que ha cumplido con todos los requisitos establecidos y el Departamento de Seguridad Nacional verifique dicho cumplimiento.
La agencia recordó que los programas de subvenciones federales son de participación voluntaria y que cualquier gobierno estatal, territorial, tribal o local que solicite estos recursos deberá aceptar las condiciones impuestas por el gobierno federal.
Enfoque en la integridad electoral
La Administración Trump sostuvo que estas medidas buscan fortalecer la integridad de las elecciones estadounidenses mediante mecanismos de verificación, auditorías y controles adicionales para garantizar que únicamente ciudadanos elegibles participen en el proceso electoral y que los resultados puedan ser comprobados mediante registros físicos.
El DHS señaló que la protección de los sistemas electorales continuará siendo una prioridad dentro de la estrategia nacional de seguridad e infraestructura crítica del país.



