Trump firma orden ejecutiva para limitar la influencia de asesores extranjeros políticamente motivados en empresas de EE. UU.
La medida apunta a reforzar la supervisión de la SEC, la FTC y el Departamento de Trabajo sobre firmas que concentran más del 90 % del mercado de asesoría políticamente motivada
WASHINGTON — El presidente Donald J. Trump firmó el 11 de diciembre de 2025 una orden ejecutiva destinada a “proteger a los inversionistas estadounidenses” frente a la influencia del poder de asesores políticamente motivados (proxy advisors) de propiedad extranjera y con agendas políticas, una iniciativa que pone en el centro a Institutional Shareholder Services (ISS) y Glass, Lewis & Co., firmas que dominan el mercado y cuyas recomendaciones influyen en decisiones clave de las mayores corporaciones del país.
Según la Casa Blanca, estas empresas desempeñan un papel decisivo en la gobernanza corporativa al asesorar sobre votaciones de accionistas relacionadas con composición de juntas directivas, compensación ejecutiva y propuestas de accionistas, impactando directamente el valor de inversiones de millones de estadounidenses, incluidos fondos de jubilación como 401(k) e IRAs. La orden sostiene que dichas firmas han priorizado agendas “políticamente motivadas”, como diversidad, equidad e inclusión (DEI) y criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), por encima del rendimiento financiero.
La orden instruye al presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) a revisar y, de ser necesario, modificar o rescindir normas y guías relacionadas con asesores proxy y propuestas de accionistas —incluida la Regla 14a-8— que resulten inconsistentes con el objetivo de centrar las recomendaciones en criterios financieros. Además, ordena evaluar la aplicación de disposiciones antifraude, considerar el registro obligatorio de estos asesores como asesores de inversión, exigir mayor transparencia sobre metodologías y conflictos de interés, y analizar si su actuación puede implicar coordinación indebida entre inversionistas.
En paralelo, el presidente de la Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés), en consulta con el fiscal general, deberá revisar investigaciones estatales antimonopolio y evaluar posibles prácticas desleales, engañosas o anticompetitivas que perjudiquen a los consumidores, incluyendo la falta de divulgación de conflictos de interés o la difusión de información inexacta.
La orden también encomienda al Departamento de Trabajo reforzar los estándares fiduciarios bajo la ley ERISA para proteger pensiones y planes de retiro, evaluar si los asesores proxy actúan exclusivamente en el interés financiero de los participantes y aumentar la transparencia sobre el uso de criterios DEI y ESG.
La Casa Blanca subrayó que la implementación se hará conforme a la ley vigente y sujeta a la disponibilidad presupuestaria, y aclaró que la orden no crea derechos exigibles contra el gobierno federal. Con esta acción, la administración busca “restaurar la confianza pública” en la industria de asesoría proxy mediante mayor rendición de cuentas, transparencia y competencia.
