Dos jueces federales bloquean cambios de Trump al programa de perdón de préstamos estudiantiles

WASHINGTON. — Dos jueces federales emitieron este martes fallos que bloquean la reforma impulsada por la administración del presidente Donald Trump al programa federal de condonación de préstamos estudiantiles para empleados del servicio público, al considerar que los cambios excedían la autoridad del Departamento de Educación y planteaban riesgos para la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda.

Las decisiones fueron emitidas por el juez federal Myong Joun, en Massachusetts, y el juez Amir Ali, en Washington, D.C., apenas un día antes de que las nuevas reglas entraran en vigor.

En Massachusetts, Joun anuló oficialmente la normativa tras resolver demandas presentadas por más de 20 estados, junto con una coalición de organizaciones sin fines de lucro y gobiernos locales. En un caso separado, Ali emitió una decisión similar en respuesta a una demanda presentada por varias organizaciones no lucrativas.

La controversia gira en torno a una reforma anunciada por el Departamento de Educación que habría permitido excluir del programa de condonación de préstamos a empleados de organizaciones cuyos empleadores fueran considerados con un «propósito ilegal sustancial».

La medida apuntaba especialmente a organizaciones sin fines de lucro y entidades gubernamentales que respaldan causas contrarias a las prioridades políticas de la administración Trump. Entre los criterios contemplados figuraban organizaciones vinculadas al tráfico de personas, el apoyo a organizaciones terroristas, la inmigración ilegal y tratamientos médicos relacionados con menores transgénero, definidos por la normativa como «castración química».

El secretario de Educación, Nicholas Kent, defendió la política y señaló que el gobierno evalúa los próximos pasos tras las decisiones judiciales.

«El Departamento respalda esta política de sentido común para garantizar que el dinero de los contribuyentes nunca sea utilizado para subsidiar actividades ilegales», indicó Kent en un comunicado.

El programa de Public Service Loan Forgiveness (PSLF) fue creado por el Congreso en 2007 con el objetivo de incentivar a graduados universitarios a trabajar en agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro. A cambio de diez años de servicio público y del cumplimiento de los requisitos establecidos, los participantes pueden obtener la cancelación de sus préstamos federales estudiantiles.

Hasta la fecha, el programa ha beneficiado a más de un millón de estadounidenses.

Los demandantes sostuvieron que la reforma transformaba el programa en un mecanismo de represalia política, al permitir que el gobierno negara el beneficio en función de la misión o las posiciones ideológicas de los empleadores.

La presidenta y directora ejecutiva del National Council of Nonprofits, Diane Yentel, calificó el fallo como una victoria para las comunidades y para quienes trabajan en organizaciones sin fines de lucro.

Por su parte, Aaron Ament, presidente de Student Defense, otra de las organizaciones demandantes, afirmó que los servidores públicos no deberían temer perder un beneficio federal debido a las opiniones políticas atribuidas a sus empleadores.

En su fallo, el juez Joun sostuvo que el Departamento de Educación intentó imponer las prioridades políticas de la administración mediante regulaciones administrativas y criticó que la agencia no fundamentara adecuadamente sus definiciones de actividades ilegales en leyes penales existentes.

Además, cuestionó la necesidad de una regulación con efectos tan amplios cuando el propio Departamento estimó que menos de diez empleadores por año podrían verse afectados por la medida.

El magistrado también destacó que más de un centenar de escritos de apoyo fueron presentados a favor de quienes impugnaban la reforma, mientras que no se registró ninguna presentación respaldando la posición del gobierno federal.