EE.UU. sanciona a mexicanos y empresas vinculadas al CJNG por red de robo de combustible
La Administración Trump anunció nuevas sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades señaladas de participar en el robo de hidrocarburos para financiar al Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado organización terrorista extranjera.

WASHINGTON, D.C. — El gobierno de Estados Unidos anunció este martes una nueva ronda de sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades presuntamente involucradas en una red de robo de combustible que beneficia al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que la Administración del presidente Donald Trump designó como organización terrorista extranjera.
La medida fue dada a conocer por el portavoz del Departamento de Estado, Thomas «Tommy» Pigott, quien señaló que la acción forma parte de la estrategia del gobierno estadounidense para desmantelar las fuentes de financiamiento de los grupos criminales transnacionales.
Según el comunicado oficial, las sanciones fueron impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y buscan atacar las operaciones ilícitas relacionadas con el robo y tráfico de combustibles, una actividad que, de acuerdo con las autoridades, ha permitido al CJNG obtener importantes ingresos económicos.
El Departamento de Estado afirmó que el cártel ha explotado el sector petrolero y petroquímico de México mediante actividades ilícitas que afectan no solo a la economía mexicana, sino que también representan una amenaza para empresas estadounidenses legítimas y para la integridad del sistema financiero de Estados Unidos.
«La acción demuestra el compromiso de esta Administración de desmantelar estas organizaciones terroristas y hacer que Estados Unidos vuelva a ser un país seguro», señaló el comunicado.
Las sanciones fueron emitidas bajo la autoridad de la Orden Ejecutiva 13224, modificada para combatir el terrorismo, así como de la Orden Ejecutiva 14059, destinada a enfrentar la proliferación internacional de drogas ilícitas y las redes que financian su producción y distribución.
Aunque el Departamento de Estado no reveló en este comunicado la identidad de los dos ciudadanos mexicanos ni de las nueve entidades sancionadas, indicó que el Departamento del Tesoro publicará los detalles correspondientes en su informe oficial.
El anuncio representa un nuevo paso en la política de la Administración Trump para intensificar la presión económica contra los cárteles mexicanos, ampliando el uso de sanciones financieras como herramienta para bloquear sus operaciones y limitar el acceso de estas organizaciones al sistema financiero internacional.



