La Corte Suprema decidirá si la prohibición de los rifles AR-15 viola la Segunda Enmienda

La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó este martes revisar un caso de enorme trascendencia nacional para determinar si las prohibiciones estatales sobre rifles semiautomáticos, conocidos popularmente como «rifles de asalto», son compatibles con la Segunda Enmienda de la Constitución.

El máximo tribunal analizará las apelaciones presentadas contra las leyes de Connecticut y del condado de Cook, Illinois, que prohíben la venta y posesión de armas como el AR-15 y otros rifles semiautomáticos similares. La decisión podría tener un impacto directo sobre legislaciones vigentes en alrededor de una docena de estados y en grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Washington, D.C.

La audiencia de los argumentos está prevista para el próximo otoño, mientras el país continúa dividido entre quienes defienden restricciones más estrictas para combatir la violencia armada y quienes consideran que estas leyes violan derechos constitucionales.

Un caso que podría cambiar la legislación sobre armas

El proceso llega a la Corte Suprema luego de varios años de litigios en tribunales inferiores y se produce en un contexto en el que la mayoría conservadora del tribunal ha ampliado significativamente la protección del derecho a portar armas.

En 2022, la Corte emitió un fallo histórico que fortaleció la interpretación de la Segunda Enmienda y abrió la puerta a numerosos desafíos contra leyes estatales y federales sobre control de armas.

Ahora, los magistrados deberán decidir si los estados pueden prohibir rifles semiautomáticos ampliamente comercializados o si esas restricciones violan las garantías constitucionales.

El origen de las prohibiciones

La ley de Connecticut fue aprobada tras la masacre ocurrida en la escuela primaria Sandy Hook en 2012, donde un atacante armado con un AR-15 asesinó a 26 personas, entre ellas 20 niños.

Los abogados del estado sostienen que estas armas poseen características similares a las de uso militar y que han sido utilizadas repetidamente en tiroteos masivos, por lo que su prohibición está respaldada por la tradición histórica y es compatible con la Constitución.

Según los argumentos presentados ante la Corte, los estados tienen autoridad para responder a nuevas amenazas sociales restringiendo armas especialmente peligrosas.

La posición de los defensores del derecho a portar armas

Las organizaciones defensoras de la Segunda Enmienda sostienen una posición completamente opuesta.

Los abogados de la National Association for Gun Rights argumentan que los rifles semiautomáticos son armas de uso común, legalmente poseídas por millones de estadounidenses, y que están claramente protegidas por el texto constitucional.

Los demandantes afirman que, si la Segunda Enmienda no protege los rifles más populares del país, sería difícil sostener que protege cualquier otra arma, más allá de las pistolas utilizadas para defensa personal en el hogar.

Un fallo con repercusiones nacionales

El caso también involucra la prohibición vigente desde 1993 en el condado de Cook, Illinois, donde las autoridades sostienen que las masacres perpetradas con este tipo de armas han causado un profundo impacto en la sociedad y justifican restricciones legales.

La decisión que adopte la Corte Suprema podría convertirse en uno de los fallos más importantes sobre armas de fuego en décadas y establecer un precedente para las leyes de control de armas en todo Estados Unidos.

Durante el presente período judicial, el tribunal ya fortaleció los derechos relacionados con la posesión de armas al invalidar restricciones al porte de armas en Hawái y al eliminar una amplia prohibición federal que impedía a consumidores de marihuana poseer armas de fuego. Al mismo tiempo, mantuvo vigente una ley que impide poseer armas a personas sujetas a órdenes de restricción por violencia doméstica.

El esperado fallo sobre los rifles semiautomáticos podría redefinir nuevamente el equilibrio entre el derecho constitucional a portar armas y la capacidad de los estados para imponer restricciones en materia de seguridad pública.