Administración Trump abandona polémico fondo de $1.776 millones para víctimas de supuesta “instrumentalización” del gobierno
La decisión se produce tras una fuerte rebelión de senadores republicanos que amenazaron con bloquear un paquete de $72.000 millones para seguridad fronteriza e inmigración.
WASHINGTON, D.C. — La administración del presidente Donald Trump anunció oficialmente el abandono del controvertido fondo de casi 1.800 millones de dólares destinado a compensar a personas que alegaban haber sido víctimas de abusos por parte del gobierno federal, poniendo fin a una iniciativa que había generado una inusual oposición dentro del propio Partido Republicano.
El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, confirmó este martes ante legisladores que el denominado fondo de “weaponization” no seguirá adelante. “No vamos a continuar con el fondo. Punto”, declaró de manera categórica durante una audiencia en el Congreso.
La medida llega después de semanas de creciente presión por parte de senadores republicanos, quienes expresaron profundas preocupaciones sobre la posibilidad de que los recursos terminaran beneficiando a personas involucradas en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. La controversia se intensificó luego de que Blanche evitara comprometerse públicamente a excluir de los pagos a quienes agredieron a agentes policiales durante aquellos disturbios.
El fondo surgió como parte de un acuerdo legal entre Trump y el Departamento de Justicia para resolver una demanda de 10.000 millones de dólares presentada por el mandatario contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS), relacionada con la supuesta divulgación indebida de sus declaraciones de impuestos y las de su familia.
Según los términos originales, los 1.776 millones de dólares serían destinados a compensar a individuos que afirmaran haber sido objeto de persecución política o abuso gubernamental. Sin embargo, la propuesta encontró una resistencia inesperada entre legisladores republicanos, quienes cuestionaron tanto los criterios de elegibilidad como la supervisión de los desembolsos.
La disputa amenazó además con complicar la aprobación de un amplio paquete legislativo de 72.000 millones de dólares destinado a reforzar las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza. Líderes del Congreso advirtieron a la Casa Blanca que el proyecto podría enfrentar serios obstáculos si el fondo permanecía vigente.
Fuentes cercanas a las conversaciones indicaron que funcionarios de la Casa Blanca pasaron gran parte del lunes contactando a legisladores para garantizar que no habría pagos bajo el programa, aunque esas garantías no lograron apaciguar completamente las demandas de los congresistas hasta que Blanche realizó el anuncio formal.
Pese a la cancelación del fondo, Blanche confirmó que seguirá vigente el acuerdo alcanzado entre el Departamento de Justicia y el presidente Trump para impedir futuras auditorías relacionadas con declaraciones fiscales pasadas del mandatario o de miembros de su familia.
La decisión representa una significativa victoria política para los sectores republicanos que exigían mayor control sobre el uso de fondos federales y refleja las tensiones internas que continúan marcando el debate sobre la administración de justicia y la rendición de cuentas dentro del gobierno federal.
