Venezuela decreta estado de conmoción y ordena detenciones masivas tras ofensiva de EE.UU.
Régimen de excepción por 90 días amplía poderes del chavismo, militariza sectores clave y autoriza arrestos por presunto respaldo a la acción estadounidense
La publicación del decreto de Estado de Conmoción Exterior en la Gaceta Oficial marcó el inicio de una nueva y crítica etapa en la crisis política e institucional de Venezuela, desatada tras la captura del dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y su traslado a Nueva York. La norma, con rango de ley, concentra poderes extraordinarios en el Ejecutivo en medio de una confrontación directa con Estados Unidos.
El decreto, fechado el sábado y difundido oficialmente este lunes, lleva la firma de Maduro y fue refrendado por la presidenta interina Delcy Rodríguez. Establece una vigencia inicial de 90 días, con posibilidad de prórroga por un período igual, lo que podría extender el estado de excepción hasta seis meses.
Uno de los ejes centrales de la medida es la orden directa a los cuerpos de seguridad para detener a cualquier persona que el régimen chavista considere vinculada al respaldo de la ofensiva militar estadounidense. “Los órganos de policía nacionales, estadales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura (…) de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América”, señala el texto oficial, con miras a su juzgamiento.
Aunque el anuncio de un eventual estado de conmoción había sido anticipado semanas atrás, tras el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe, el contenido del decreto se mantuvo bajo reserva. El documento ahora publicado indica que fue actualizado tras los acontecimientos del fin de semana, en clara referencia a la detención de Maduro.
La Constitución venezolana de 1999 contempla esta figura para escenarios que amenacen gravemente la seguridad nacional o el funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, es la primera vez que se activa el estado de conmoción exterior desde su aprobación, un dato que subraya la magnitud del momento y su impacto en el orden institucional.
Entre las disposiciones más relevantes, el decreto ordena la militarización de la infraestructura de servicios públicos, de la industria petrolera y de otras industrias básicas del Estado. El personal que opera en estos sectores quedará “temporalmente sometido al régimen militar”, ampliando el control de las Fuerzas Armadas sobre áreas estratégicas de la economía y la vida cotidiana.
La norma también faculta al Ejecutivo a requisar bienes considerados necesarios para la defensa nacional y a suspender derechos como la reunión y la manifestación pública. Además, autoriza la adopción de “cualquier otra medida” que el régimen considere necesaria para la protección de la población, una cláusula abierta que refuerza el carácter discrecional del estado de excepción.
Si bien el decreto afirma que se preservarán derechos como la vida y la libertad personal, reconoce explícitamente la posibilidad de restringir garantías constitucionales durante su vigencia. La Carta Magna establece que incluso en estados de excepción deben mantenerse derechos intangibles como el debido proceso, la prohibición de la incomunicación y la tortura, y el acceso a la información.
El texto incluye además un llamado a la población a asumir la defensa del país con “fervor patriótico”, reforzando una narrativa de amenaza externa y cohesión nacional frente a la intervención extranjera.
La activación del estado de conmoción se apoya en un marco legal previo. En 2024, el régimen promulgó una ley que castiga el apoyo a sanciones internacionales o a acciones que causen “daño extranjero”, con penas que incluyen la inhabilitación política de por vida y la confiscación de bienes, disposiciones que ahora cobran mayor peso bajo el régimen de excepción.
Desde el punto de vista institucional, el decreto podría ser revocado por la Asamblea Nacional o revisado por el Tribunal Supremo de Justicia, aunque ambos poderes están controlados por el chavismo, lo que limita la existencia de contrapesos efectivos.
En un escenario marcado por la captura de Maduro y la escalada de tensión con Washington, la entrada en vigor del estado de conmoción exterior redefine el equilibrio de poder en Venezuela y anticipa un período de severa restricción política y social, cuyo alcance dependerá tanto de la duración del decreto como de su aplicación concreta en el territorio nacional.
