Alejandro Betancourt, el polémico empresario que gana poder en el petróleo de Venezuela bajo Trump

WASHINGTON.— La estrategia de la administración de Donald Trump para reconstruir la devastada industria petrolera de Venezuela está colocando en el centro de la escena a un controvertido empresario venezolano: Alejandro Betancourt.

Una investigación publicada este fin de semana por The Sunday Times de Londres señala que Betancourt habría sido seleccionado por el secretario de Estado Marco Rubio como un intermediario clave entre el gobierno estadounidense y la administración interina de Delcy Rodríguez, en momentos en que Washington busca reorganizar el sector energético venezolano tras la salida de Nicolás Maduro.

De acuerdo con fuentes citadas por el periódico británico, Betancourt estaría presentándose como una especie de nuevo “zar del petróleo” venezolano, participando en negociaciones destinadas a atraer inversiones, reactivar la producción y facilitar acuerdos con empresas estadounidenses.

La situación resulta particularmente llamativa debido a las investigaciones que durante años han rodeado las actividades empresariales del venezolano.

Según The Sunday Times, autoridades españolas investigan presuntas irregularidades relacionadas con un esquema de aproximadamente 4.300 millones de dólares que incluiría acusaciones de lavado de dinero y evasión fiscal.

Asimismo, fiscales en Zúrich han examinado posibles movimientos de fondos públicos venezolanos a través de bancos europeos.

Betancourt ha negado las acusaciones y nunca ha sido condenado por un delito. El empresario sostiene que sus actividades comerciales han sido legítimas.

A pesar de las investigaciones, su influencia dentro de la estrategia estadounidense hacia Venezuela parece haber aumentado.

La trayectoria empresarial de Betancourt se encuentra estrechamente vinculada a Derwick Associates, compañía que cofundó y que obtuvo aproximadamente 5.000 millones de dólares en contratos gubernamentales venezolanos de energía sin licitación, pese a no contar previamente con experiencia significativa en ese sector.

Ahora, críticos de la política estadounidense hacia Venezuela advierten que podría estar desarrollándose un proceso igualmente poco transparente alrededor de los enormes recursos petroleros del país.

Entre los beneficiarios de acuerdos preliminares valorados en miles de millones de dólares aparecen compañías estadounidenses con poca o ninguna experiencia pública previa en producción petrolera.

Entre ellas figuran Lionheart Capital, con sede en Miami, y Pacific Coast Energy Co. (PCEC), de California.

La estructura de propiedad de sus inversionistas no es completamente pública. La compañía asegura contar con financiamiento de bancos y empresas comercializadoras.

La reorganización también ha afectado a empresarios que ya tenían intereses en el sector energético venezolano.

El empresario energético de Florida Harry Sargeant III vendió recientemente su participación minoritaria en North American Blue Energy Partners (NABEP) por aproximadamente 300 millones de dólares a un comprador cuya identidad no fue revelada y que, según reportes, estaría vinculado a Betancourt.

EL PAÍS informó que Sargeant tomó la decisión después de recibir una fuerte presión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para abandonar el negocio o enfrentar posibles sanciones.

Sargeant ha sostenido que sus actividades como accionista minoritario contaban con la autorización del gobierno estadounidense.

Posteriormente, Reuters informó que el Tesoro sancionó a Bluwaves Properties Limited, una compañía registrada en las Islas Vírgenes Británicas que anteriormente pertenecía a Sargeant y que había mantenido la participación en NABEP.

Otra controversia involucra a los herederos del fallecido empresario venezolano Oswaldo Cisneros.

Sus familiares alegan que el gobierno venezolano despojó indebidamente a su compañía, DP Delta Finance BV, de derechos de perforación y control operativo sobre activos petroleros cuyo valor estiman en aproximadamente 2.000 millones de dólares.

Entre esos activos se encuentran derechos de perforación en el rico cinturón petrolero del Orinoco.

Las autoridades venezolanas sostienen que la empresa no cumplió con los compromisos de inversión y producción establecidos.

Los intereses de la familia Cisneros, por su parte, exigen la restitución de los activos.

La sucesión de operaciones está alimentando críticas de quienes consideran que Estados Unidos podría estar sustituyendo un sistema opaco de administración petrolera por otro, mientras utiliza sanciones y presión política para determinar quién controla algunos de los activos energéticos más importantes de Venezuela.

The Washington Post también había informado meses antes sobre la influencia de Claver-Carone en la selección de empresas para operar en Venezuela.

El periódico señaló que el asesor estaba ayudando, en la práctica, a determinar qué compañías podían acceder a oportunidades comerciales en el país y que había respaldado a Centerview.

Su socia comercial, Jessica Bedoya, viajó en varias ocasiones a Caracas y se reunió con Delcy Rodríguez. Bedoya también viajó a Venezuela en el mismo vuelo chárter que dos ejecutivos de Centerview poco antes de que la firma obtuviera el contrato para asesorar sobre la deuda.

La designación generó objeciones entre competidores.

Le Monde informó que el mandato fue otorgado sin licitación y sin la participación tradicional del Fondo Monetario Internacional en una reestructuración de esa magnitud.

Centerview y el banquero Matthieu Pigasse negaron que Claver-Carone o funcionarios estadounidenses hubieran intervenido para conseguir el contrato.

La administración Trump sostiene que su principal objetivo es reconstruir la producción petrolera venezolana y atraer nuevamente capital estadounidense a un país que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.

Después de la salida de Maduro, Trump afirmó que las principales compañías petroleras podrían invertir al menos 100.000 millones de dólares en Venezuela.

Sin embargo, el interés de las grandes petroleras continúa siendo limitado.

El director ejecutivo de ExxonMobil ha calificado a Venezuela como un mercado “no invertible”, mientras otras grandes compañías mantienen cautela debido a las pérdidas sufridas cuando sus activos fueron nacionalizados durante el gobierno de Hugo Chávez.

La incertidumbre podría aumentar ante la creciente participación de empresarios privados y compañías pequeñas dispuestas a asumir riesgos que las grandes petroleras todavía consideran excesivos.

Además, la transferencia o eventual confiscación de activos privados podría generar nuevas dudas entre potenciales inversionistas internacionales.

Una fuente de la industria petrolera estadounidense resumió a The Sunday Times la filosofía que, según su interpretación, domina actualmente en Washington: terminar rápidamente las negociaciones, firmar los acuerdos y recuperar la producción.

Pero mientras los activos petroleros cambian de manos, empresas pierden concesiones y Alejandro Betancourt adquiere una posición cada vez más visible como intermediario, aumentan las preguntas sobre quién controlará finalmente la industria petrolera venezolana después de Maduro y bajo qué criterios se están seleccionando las compañías beneficiadas.

El debate no se limita al futuro de la producción energética. También plantea interrogantes sobre la transparencia de las decisiones, la protección de la propiedad privada, el papel de las sanciones estadounidenses y la posibilidad de que la reconstrucción de la industria petrolera termine concentrando nuevamente enormes recursos en manos de un reducido grupo de empresarios.

Para Washington, el desafío es recuperar rápidamente una industria devastada y atraer capital. Para sus críticos, la velocidad no debería sustituir la transparencia en la administración de los recursos petroleros de Venezuela