USCIS endurece las reglas de “carga pública” para inmigrantes
Nuevas guías permitirán evaluar más beneficios públicos y factores financieros en solicitudes de residencia permanente a partir del 18 de septiembre.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) publicó nuevas guías de política sobre la causal de inadmisibilidad por motivos de “carga pública”, un cambio que afectará a determinados extranjeros que soliciten ajustar su estatus para convertirse en residentes permanentes legales.
Las nuevas directrices se producen después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciara el 16 de julio de 2026 una regla final que rescinde las regulaciones sobre carga pública de 2022, adoptadas durante la administración Biden. La regla fue publicada en el Registro Federal el 20 de julio y entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026.
USCIS explicó que las nuevas guías buscan aplicar la intención del Congreso de que los extranjeros en Estados Unidos sean autosuficientes y no dependan de beneficios gubernamentales financiados por los contribuyentes. Las directrices establecen qué categorías de inmigrantes están sujetas a esta causal de inadmisibilidad, cuáles están exentas y qué elementos serán considerados por los funcionarios al evaluar cada caso.
¿A quiénes puede afectar?
De acuerdo con USCIS, los extranjeros que solicitan el ajuste de estatus a residente permanente están sujetos a la causal de inadmisibilidad por carga pública, a menos que su categoría migratoria esté específicamente exenta.
Entre las categorías sujetas a la evaluación se encuentran determinados familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes, hermanos de ciudadanos, prometidos de ciudadanos, trabajadores especializados y profesionales, inversionistas, trabajadores religiosos, algunos empleados del gobierno estadounidense en el extranjero, miembros de las Fuerzas Armadas, inmigrantes de visas de diversidad y otras categorías migratorias.
Sin embargo, existen numerosas excepciones. USCIS señala que los asilados y refugiados, determinados intérpretes afganos e iraquíes, algunos beneficiarios de programas para cubanos y haitianos, los solicitantes de ajuste bajo la Ley de Ajuste Cubano, ciertos centroamericanos y haitianos, jóvenes inmigrantes especiales, solicitantes de TPS, víctimas de trata o determinados delitos y autopeticionarios bajo la Ley de Violencia Contra la Mujer, entre otros, están exentos de esta causal.
Cinco factores serán determinantes
Las nuevas guías indican que los funcionarios de USCIS deberán considerar cinco factores establecidos por la Ley de Inmigración y Nacionalidad: edad, salud, situación familiar, bienes, recursos y situación financiera, y educación y habilidades.
Además, los funcionarios podrán considerar otros elementos relevantes, incluido el Formulario I-864, conocido como Declaración Jurada de Patrocinio Económico, mediante el cual una persona se compromete a utilizar sus recursos económicos para apoyar al inmigrante.
Uno de los principales cambios estará relacionado con la consideración de determinados beneficios públicos sujetos a verificación de recursos económicos.
Para beneficios recibidos antes del 18 de septiembre de 2026, USCIS señala que, bajo las nuevas guías, solo considerará la recepción de asistencia pública en efectivo para mantenimiento de ingresos e institucionalización a largo plazo a expensas del gobierno.
Para beneficios recibidos a partir del 18 de septiembre, los funcionarios considerarán todos los beneficios públicos sujetos a verificación de recursos económicos que correspondan al análisis. Entre los ejemplos mencionados se encuentran asistencia en efectivo, ayuda para vivienda, cupones de alimentos y asistencia financiera para estudios universitarios.
USCIS enfatiza que las decisiones serán tomadas caso por caso y considerando la totalidad de las circunstancias del extranjero.
USCIS podrá establecer una fianza
Las nuevas reglas también contemplan la posibilidad de una fianza por concepto de carga pública.
Cuando un funcionario determine que un solicitante de ajuste de estatus es inadmisible únicamente porque considera probable que se convierta en una carga pública, USCIS podrá invitarlo a presentar una garantía financiera.
La fianza puede consistir en un depósito en efectivo o una fianza de garantía emitida a través de una empresa certificada por el Departamento del Tesoro. Si el solicitante cumple con los requisitos establecidos, USCIS podría aprobar su ajuste de estatus y concederle la residencia permanente legal.
El monto de la fianza será determinado tomando en cuenta la cantidad de asistencia gubernamental que el extranjero podría ser elegible para recibir y potencialmente utilizar durante los siguientes cinco años.
USCIS aclaró que los solicitantes no pueden presentar voluntariamente una fianza si la agencia no los ha invitado previamente a hacerlo mediante una Notificación de Intención de Denegación.
Las nuevas guías entran en vigor en septiembre
Las nuevas directrices son vinculantes para los funcionarios de USCIS y sustituyen las guías anteriores relacionadas con la inadmisibilidad por carga pública, incluida la Guía de Campo Interina de 1999.
Entrarán en vigor el 18 de septiembre de 2026 y se aplicarán a los formularios I-485, utilizados para solicitar el registro de residencia permanente o el ajuste de estatus, cuando sean presentados o enviados electrónicamente a partir de esa fecha.
El cambio representa una modificación significativa en la forma en que USCIS evaluará la autosuficiencia económica de determinados inmigrantes que buscan obtener la residencia permanente en Estados Unidos. Al mismo tiempo, la propia agencia mantiene una amplia lista de categorías migratorias que permanecen exentas de la causal de carga pública.
