EE. UU. lanza ofensiva diplomática para debilitar a la Corte Penal Internacional

WASHINGTON, D.C. — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este lunes el inicio de una amplia campaña diplomática y gubernamental destinada a debilitar la capacidad operativa de la Corte Penal Internacional (CPI), al considerar que representa una amenaza directa para la soberanía estadounidense y para los militares y funcionarios del país.

Según el Departamento de Estado, la estrategia contempla una respuesta coordinada de todo el gobierno federal con el objetivo de impedir que la CPI pueda investigar, procesar o emitir acciones contra ciudadanos estadounidenses que actúen en defensa de los intereses nacionales.

Rubio afirmó que la Corte Penal Internacional «representa una amenaza intolerable para la soberanía de Estados Unidos», al sostener que ese tribunal pretende ejercer jurisdicción sobre militares y funcionarios estadounidenses, pese a que Washington nunca ha reconocido dicha autoridad.

La administración recordó que Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, tratado que creó la Corte Penal Internacional, y señaló que todos los presidentes estadounidenses desde la entrada en vigor del tribunal han mantenido la posición de que la CPI carece de jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses. Además, destacó que la Corte abrió anteriormente investigaciones contra miembros de las Fuerzas Armadas y funcionarios de inteligencia de Estados Unidos, casos que, según Washington, continúan abiertos.

El Departamento de Estado acusó además a la CPI de intentar convertirse en un organismo supranacional con autoridad por encima de los Estados soberanos, capaz de perseguir a funcionarios estadounidenses sin rendir cuentas.

Medidas en estudio

Como parte de la campaña, el gobierno estadounidense evalúa una serie de acciones diplomáticas y económicas para reducir la influencia del tribunal internacional. Entre ellas se incluyen:

• Intensificar los contactos diplomáticos con gobiernos extranjeros para denunciar lo que considera abusos de la CPI e instarlos a retirarse del tribunal.
• Solicitar a los países que cooperan con las fuerzas militares y agencias de seguridad estadounidenses que rechacen cualquier intento de la Corte de ejercer jurisdicción sobre funcionarios o militares de Estados Unidos.
• Incrementar el escrutinio sobre los países que continúen respaldando la autoridad de la CPI mientras reciben asistencia o protección de seguridad de Estados Unidos.
• Coordinar acciones con otros países que tampoco son parte del Estatuto de Roma para ampliar el rechazo internacional a la jurisdicción de la Corte.
• Revocar visas e imponer prohibiciones de viaje a funcionarios de la CPI.
• Ampliar las sanciones económicas contra la Corte Penal Internacional y organizaciones vinculadas.

Rubio aseguró que «ninguna opción diplomática está descartada» en la estrategia para neutralizar lo que calificó como una amenaza a la soberanía nacional.

El anuncio representa una nueva escalada en la postura de Washington frente a la Corte Penal Internacional y anticipa un incremento de las presiones diplomáticas sobre los países que mantienen su respaldo al tribunal con sede en La Haya.