El Senado aprueba presupuesto de defensa de $901 mil millones y exige videos de ataques militares cerca de Venezuela

WASHINGTON —El Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles la versión final del proyecto anual de política militar, conocido como la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés), que autoriza 901.000 millones de dólares en programas de defensa y contempla un aumento salarial del 3,8 % para las tropas. La legislación recibió respaldo bipartidista y la Casa Blanca ha indicado que está alineada con las prioridades de seguridad nacional del presidente Donald Trump.

El extenso proyecto, de más de 3.000 páginas, también pone presión directa sobre el secretario de Defensa, Pete Hegseth, al exigir que entregue al Congreso videos sin editar de los ataques militares contra presuntas embarcaciones dedicadas al narcotráfico en aguas internacionales cerca de Venezuela, así como las órdenes que autorizaron dichas operaciones.

Aunque la ley refleja un consenso entre demócratas y republicanos, también deja al descubierto fricciones entre el Congreso y el Pentágono, en un contexto en el que la administración Trump busca reorientar su enfoque de seguridad, alejándose de Europa y dando mayor prioridad a Centro y Sudamérica.

Entre otros puntos clave, la legislación frena decisiones recientes del Pentágono, exige mayor información sobre los ataques a embarcaciones en el Caribe, obliga a mantener los niveles actuales de tropas estadounidenses en Europa y autoriza el envío de ayuda militar a Ucrania. En ese sentido, el Congreso aprobó 400 millones de dólares anuales durante los próximos dos años para la fabricación de armas destinadas a ese país.

El proyecto también incorpora varias órdenes ejecutivas y propuestas del presidente Trump, incluyendo medidas para eliminar programas de diversidad, equidad e inclusión dentro de las Fuerzas Armadas, y concede poderes militares de emergencia en la frontera con México. Además, refuerza la supervisión del Congreso sobre el Departamento de Defensa, deroga autorizaciones de guerra vigentes desde hace años y plantea una reforma profunda en los procesos de adquisición de armas, con el objetivo de que Estados Unidos mantenga ventaja frente a China en el desarrollo de tecnología militar de próxima generación.

No obstante, el proyecto enfrentó objeciones de líderes demócratas y republicanos del Comité de Comercio del Senado, debido a una disposición que permite a aeronaves militares operar con una exención para no transmitir su ubicación precisa. Esta práctica fue señalada como un factor en la colisión aérea ocurrida en enero en Washington D. C., que dejó 67 muertos.

En cuanto a los ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico, legisladores de ambos partidos acordaron un lenguaje que amenaza con retener una cuarta parte del presupuesto de viajes de Hegseth hasta que el Departamento de Defensa entregue los videos solicitados a los comités de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y del Senado.

Hegseth compareció esta semana ante el Congreso para informar sobre la campaña militar en aguas internacionales cerca de Venezuela. Mientras los republicanos expresaron en su mayoría su respaldo a la operación, los demócratas manifestaron preocupación y denunciaron falta de información. Los comités investigan un ataque ocurrido el 2 de septiembre, en el que murieron dos personas que habían sobrevivido a un primer bombardeo. El almirante Frank “Mitch” Bradley, quien ordenó el segundo ataque, ofreció un informe clasificado que incluyó la proyección del video del incidente.

Finalmente, la nueva legislación busca evitar que el Congreso vuelva a ser tomado por sorpresa ante decisiones estratégicas del Ejecutivo. Establece que se debe informar a los legisladores sobre pausas en el intercambio de inteligencia, reducciones de tropas en países aliados de la OTAN o la destitución de altos mandos militares. También obliga a mantener al menos 76.000 soldados estadounidenses en Europa y 28.500 en Corea del Sur, salvo consultas previas con aliados y una determinación formal de que cualquier cambio beneficie los intereses de Estados Unidos.