Presidente firma orden ejecutiva contra jurisdicciones con fianzas en efectivo eliminadas
busca presionar a los estados y ciudades que han eliminado la fianza en efectivo para ciertos acusados
WASHINGTON, D. C. — El presidente de Estados Unidos firmó una nueva orden ejecutiva que busca presionar a los estados y ciudades que han eliminado la fianza en efectivo para ciertos acusados, alegando que estas políticas ponen en riesgo la seguridad pública.
Según el documento oficial, el objetivo de la medida es “mantener el orden y la seguridad pública encarcelando a individuos cuyo historial criminal o cargos pendientes representen un riesgo claro para la sociedad”. La Casa Blanca sostiene que al liberar a estos acusados sin fianza, se les permite —e incluso se les incentiva— a reincidir mientras esperan juicio, lo que implica un “desperdicio de recursos” y una “amenaza para los estadounidenses trabajadores y respetuosos de la ley”.
Consecuencias para los estados
La orden establece que, en un plazo de 30 días, el fiscal general deberá presentar al presidente una lista de los estados y jurisdicciones que, en su opinión, han eliminado sustancialmente el uso de la fianza en efectivo en delitos considerados de alto riesgo, como crímenes violentos, delitos sexuales, saqueos, vandalismo o robos.
Una vez publicada esta lista, las agencias federales —en coordinación con la Oficina de Administración y Presupuesto— deberán identificar los fondos federales, incluidos subsidios y contratos, que podrían ser suspendidos o eliminados en dichos territorios.
Debate en torno a la medida
La política de “cashless bail” o eliminación de fianza en efectivo ha sido adoptada por varias jurisdicciones en los últimos años con el argumento de que el sistema tradicional discrimina a acusados de bajos recursos. Sin embargo, sus críticos —entre ellos el presidente— sostienen que favorece la reincidencia de criminales peligrosos y pone en jaque a las comunidades.
El decreto también aclara que no crea derechos legales exigibles por terceros y que su implementación estará sujeta a las leyes vigentes y a la disponibilidad de fondos.
La publicación de esta orden ejecutiva correrá por cuenta del Departamento de Justicia.
