Orden ejecutiva otorga control directo de la policía metropolitana de Washington a un comisionado federal
En un movimiento que busca “restaurar la seguridad y el orden” en la capital
WASHINGTON D. C. — El presidente de Estados Unidos firmó este sábado la Orden Ejecutiva 6370-2025, con la que otorga control directo de la Policía Metropolitana de Washington (MPD) a un comisionado federal, en un movimiento que busca “restaurar la seguridad y el orden” en la capital en medio de lo que describe como una “emergencia criminal sin precedentes”.
La orden se apoya en la Declaración de Emergencia por Crimen en el Distrito de Columbia, proclamada el 11 de agosto mediante la Orden Ejecutiva 14333, que alertaba sobre el “aumento de la violencia” y sus efectos sobre ciudadanos, visitantes y el funcionamiento del gobierno federal.
El texto señala que, pese a intentos de las autoridades locales de “manipular estadísticas” y a políticas de “ciudad santuario” que protegen a inmigrantes indocumentados, la inseguridad es “evidente para todos” y representa un riesgo nacional.
Un comisionado federal al mando de la policía
La medida designa al administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrence C. Cole, como Comisionado Policial de Emergencia del MPD, con autoridad plena sobre la fuerza. Cole asumirá temporalmente las funciones del jefe de policía del Distrito y podrá emitir órdenes y directivas que deberán acatar todos los mandos.
Cualquier instrucción emitida por la actual jefatura policial deberá ser aprobada previamente por el comisionado. Además, la orden presidencial revoca y suspende varias directivas internas del MPD, incluidas disposiciones recientes adoptadas el 14 de agosto.
Endurecimiento de controles en el espacio público
El documento también ordena a la Policía Metropolitana aplicar al máximo las normas que prohíben la ocupación ilegal de espacios públicos y otras regulaciones municipales, priorizando el desalojo de campamentos y ocupaciones no autorizadas.
Contexto político y social
La intervención federal ocurre en medio de un debate nacional sobre el crimen urbano y la política migratoria. El presidente responsabilizó a la “proliferación de inmigrantes ilegales durante la administración anterior” de haber agravado los riesgos de seguridad en la capital.
La decisión marca una confrontación directa con el gobierno local de Washington, que históricamente ha defendido su autonomía bajo la Ley de Autogobierno del Distrito de Columbia.
