Una nueva regulación federal que entró en vigor esta semana podría dejar sin licencias comerciales (CDL, por sus siglas en inglés) a hasta 200.000 camioneros inmigrantes en Estados Unidos, generando preocupación en el sector del transporte y entre defensores de los derechos migratorios.
La norma, impulsada por la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA), prohíbe que la mayoría de los inmigrantes obtenga o renueve estas licencias esenciales para trabajar como conductores profesionales. Solo se contemplan excepciones para quienes poseen visas específicas como H-2A (trabajadores agrícolas temporales), H-2B (trabajadores no agrícolas temporales) y E-2 (inversionistas por tratado).
En contraste, la medida excluye a solicitantes de asilo, así como a beneficiarios de programas como DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y el Estatus de Protección Temporal (TPS), quienes hasta ahora podían desempeñarse legalmente en la industria del transporte.
A diferencia de una revocación inmediata, la regulación establece que los conductores perderán sus licencias conforme estas vencen. Sin embargo, la FMCSA ha “recomendado enfáticamente” a los estados que revisen lo antes posible la elegibilidad de los titulares actuales, lo que podría acelerar el impacto de la medida.
Expertos advierten que esta política podría agravar la escasez de conductores de camiones ya existente en el país, afectando las cadenas de suministro y elevando los costos en múltiples sectores económicos.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de inmigrantes y grupos de la industria han iniciado acciones legales para impedir la implementación de la norma, argumentando que podría acarrear consecuencias económicas severas y discriminar a miles de trabajadores esenciales.
El futuro de la regulación permanece incierto, a la espera de decisiones judiciales que podrían frenar o modificar su aplicación en las próximas semanas.
