Nicaragüense extraditado desde España enfrenta cargos federales por millonario esquema de fraude y extorsión internacional
Ernesto Ortega Padgett, ciudadano nicaragüense y exresidente de Miami, compareció por primera vez ante una corte federal en Miami el pasado 16 de junio, luego de ser extraditado desde Madrid, España. Ortega, de 41 años, es acusado de liderar una sofisticada red internacional de fraude electrónico, extorsión y lavado de dinero, que ocasionó pérdidas superiores a los $29 millones a víctimas en todo Estados Unidos.
El caso, liderado por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, involucra una acusación formal de 27 cargos presentada el 2 de febrero de 2023. Entre los delitos se incluyen conspiración para cometer fraude electrónico, extorsión bajo la Ley Hobbs, lavado de dinero, amenazas interestatales, y transporte de bienes robados.
Según la acusación, Ortega y sus cómplices iniciaron el esquema en 2020, haciéndose pasar por representantes bancarios para engañar a empresas y obtener información confidencial de sus cuentas. Luego, realizaban transferencias electrónicas no autorizadas y utilizaban una red internacional de lavadores de dinero para mover los fondos robados, que muchas veces terminaban en criptomonedas bajo el control directo de Ortega.
Además de las tácticas de engaño, las autoridades indican que Ortega recurrió a amenazas y extorsión para obligar a ciertos individuos a participar en el esquema. Su red criminal operaba en múltiples países y continentes, y Ortega era buscado no solo en Estados Unidos, sino también en España y Panamá por delitos relacionados.
Después de casi un año prófugo, fue interceptado en diciembre de 2023 por autoridades en el Aeropuerto Charles de Gaulle de París, mientras viajaba para pasar Navidad en Francia. Posteriormente, fue trasladado a Madrid y finalmente extraditado a Estados Unidos el 13 de junio.
De ser hallado culpable, Ortega podría enfrentar varias penas de prisión, que oscilan entre cinco y veinte años por cada uno de los delitos imputados, además de multas económicas y libertad supervisada.
Las agencias encargadas de la investigación son la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC-OIG) y el Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS). También se contó con el apoyo clave del Departamento de Justicia y la colaboración de las autoridades de España y Francia.
Este caso subraya los esfuerzos internacionales coordinados para combatir el crimen financiero a gran escala y llevar ante la justicia a quienes intentan aprovecharse del sistema global bancario.
