Tribunal federal de apelaciones bloquea prohibición de militares transgénero impulsada por Trump
La corte determinó que la política del gobierno podría violar derechos constitucionales y mantuvo la protección para miembros transgénero que ya sirven en las Fuerzas Armadas.
La decisión respalda en gran medida un fallo emitido en marzo de 2025 por la jueza federal Ana Reyes, de Washington D.C., quien concluyó que la orden ejecutiva firmada por Trump para excluir a militares transgénero del servicio activo probablemente viola sus derechos constitucionales.
La controversia surgió después de que el presidente firmara en enero de 2025 una orden ejecutiva que sostiene que la identidad de género de los militares transgénero “entra en conflicto con el compromiso de un soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado”, argumentando además que dicha condición afecta la preparación y eficacia de las Fuerzas Armadas.
Posteriormente, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, implementó una política que presume inelegibles para el servicio militar a las personas diagnosticadas con disforia de género, una condición médica asociada al malestar que experimenta una persona cuando su identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer.
La administración apeló la decisión de la jueza Reyes luego de que esta concediera una orden judicial preliminar solicitada por abogados que representan a seis militares transgénero en servicio activo y a otras dos personas que buscaban incorporarse a las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, el tribunal de apelaciones decidió limitar el alcance de esa protección judicial únicamente a los demandantes que actualmente forman parte del servicio militar, excluyendo a quienes todavía intentan alistarse.
En la opinión mayoritaria, el juez Robert Wilkins afirmó que la política del Pentágono “parece estar impulsada por el simple deseo de perjudicar a un grupo políticamente impopular: las personas que se identifican como transgénero”. Wilkins fue nombrado para el cargo por el expresidente demócrata Barack Obama.
El caso representa uno de los desafíos legales más importantes contra las políticas de la administración Trump en materia de derechos LGBTQ+ y podría continuar escalando en el sistema judicial federal, con la posibilidad de llegar eventualmente a la Corte Suprema de Estados Unidos.
