James Comey acusado de mentir al Congreso en un caso que sacude la política estadounidense
El proceso marca a Comey como el primer alto funcionario del gobierno en enfrentar cargos relacionados con la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016
Alexandria, Virginia – El exdirector del FBI, James Comey, fue acusado el jueves de mentir al Congreso en un caso penal presentado apenas días después de que el expresidente Donald Trump pareciera instar a la fiscal general a procesarlo, junto a otros considerados “enemigos políticos”.
El proceso marca a Comey como el primer alto funcionario del gobierno en enfrentar cargos relacionados con la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016, una indagación que Trump calificó durante años de “caza de brujas” a pesar de que múltiples revisiones gubernamentales confirmaron la injerencia de Moscú a favor de su campaña.
Tras el anuncio, Trump celebró la acusación en redes sociales como “¡JUSTICIA PARA AMÉRICA!”. La fiscal general Pam Bondi y el director del FBI, Kash Patel, emitieron declaraciones similares, subrayando que “nadie está por encima de la ley”.
En un video publicado tras su acusación, Comey declaró: “Mi corazón está roto por el Departamento de Justicia, pero tengo plena confianza en el sistema judicial federal. Soy inocente. Así que tengamos un juicio”.
La acusación de dos cargos señala que Comey proporcionó declaraciones falsas al Senado al afirmar que no había autorizado filtraciones dentro del FBI, y que obstruyó al Congreso al negar recordar información que supuestamente mostraba un plan de la campaña de Hillary Clinton para vincular a Trump con Rusia.
Comey, nombrado director del FBI por Barack Obama en 2013, mantuvo una relación tensa con Trump desde el inicio de su presidencia, exacerbada cuando se negó a jurar lealtad personal al entonces presidente en un encuentro privado en la Casa Blanca. Fue despedido en mayo de 2017, hecho investigado posteriormente por Mueller por posible obstrucción de justicia.
El caso promete reavivar las tensiones sobre la independencia del Departamento de Justicia y la línea entre política y legalidad en Estados Unidos.
