El Departamento de Justicia intensifica solicitudes de datos electorales en 15 estados, generando preocupación entre autoridades estatales

Estados Unidos — En una inusual y creciente ofensiva federal, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) ha solicitado a al menos 15 estados información detallada sobre sus votantes y procedimientos electorales, según una recopilación de Associated Press. La medida, que abarca tanto estados liderados por demócratas como republicanos, ha generado alarma entre funcionarios electorales y expertos legales, quienes advierten sobre una posible extralimitación del gobierno federal.

Durante los últimos tres meses, la sección de derechos electorales del DOJ ha enviado cartas, correos electrónicos y realizado llamadas telefónicas solicitando copias de los padrones electorales y otros documentos relacionados con las elecciones de 2020 y 2024. Uno de los casos más amplios fue el de Colorado, donde se exigieron “todos los registros” vinculados a ambos procesos electorales.

Además, en al menos siete estados, abogados del Departamento propusieron reuniones para establecer acuerdos de intercambio de información sobre posibles casos de fraude electoral o votación de personas no ciudadanas, según los correos electrónicos revisados por AP.

Aunque las solicitudes varían según el estado, muchas plantean dudas sobre la legalidad del acceso a datos personales protegidos. La Constitución otorga a los estados la autoridad principal sobre la organización de sus elecciones, y leyes federales como el Privacy Act de 1974 limitan el acceso del gobierno a información identificable sin cumplir ciertos requisitos formales.

Las solicitudes han alcanzado oficinas electorales en estados como California, Florida, Illinois, Michigan, Nueva York, Utah y Wisconsin, entre otros. En algunos casos, las cartas pedían información altamente sensible, como números de identificación, fechas de nacimiento y registros de votación de personas removidas del padrón por no ser ciudadanas.

El Departamento no ha ofrecido comentarios públicos sobre los motivos de esta ofensiva, limitándose a responder con un escueto “sin comentarios” ante preguntas de la prensa.

Las acciones también coinciden con una estrategia más amplia del expresidente Donald Trump —quien lidera la administración republicana actual— para reexaminar las elecciones pasadas e influir en las intermedias de 2026. Trump ha solicitado la designación de un fiscal especial para investigar los comicios de 2020, que continúa alegando falsamente haber ganado.

Algunos funcionarios estatales han rechazado las solicitudes. En Minnesota, por ejemplo, el secretario de Estado Steve Simon (D) negó entregar los datos por considerarlos protegidos por leyes federales y estatales. En Maine, la secretaria de Estado Shenna Bellows (D) calificó la petición como un exceso del gobierno federal: “El Departamento no tiene derecho a saber todo sobre ti, solo porque quiere”, expresó.

No obstante, algunos legisladores republicanos han presionado para que los estados colaboren, argumentando que se trata de proteger los derechos electorales de los ciudadanos.

Expertos legales advierten que la participación de abogados penales del Departamento puede tener un efecto disuasorio entre los funcionarios estatales y electorales. Aunque obtener información sobre procedimientos no es ilegal, las solicitudes de datos personales sin seguir los canales legales apropiados podrían violar el Privacy Act.

La Asociación Nacional de Secretarios de Estado ha solicitado al Departamento que participe en una reunión virtual para esclarecer el propósito de las solicitudes y garantizar la protección de los datos.