Corte federal mantiene freno a redadas migratorias indiscriminadas en el sur de California

LOS ÁNGELES, California — Una corte federal de apelaciones confirmó el viernes por la noche una orden judicial temporal que impide al gobierno del expresidente Donald Trump realizar paradas y arrestos migratorios indiscriminados en el sur de California, en lo que defensores de inmigrantes califican como una importante victoria contra el perfilamiento racial.

El fallo fue emitido por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, quienes rechazaron el intento del gobierno federal de anular una orden impuesta el 12 de julio por la jueza Maame E. Frimpong. Esa orden había sido solicitada por organizaciones de derechos civiles que denunciaron una política sistemática de detenciones basadas únicamente en factores como el color de piel, idioma, lugar de trabajo o presencia en ciertas zonas de mayoría latina.

“La evidencia muestra claramente que los agentes migratorios estaban violando la Constitución”, escribió la jueza Frimpong, señalando que no se puede justificar una detención solo por el hecho de que una persona hable español con acento, trabaje en un taller mecánico o se encuentre en un lavadero de autos.

El panel de apelaciones respaldó este razonamiento, señalando que si el gobierno realmente no realiza detenciones sin sospecha razonable, entonces no debería verse perjudicado por una orden que simplemente prohíbe ese tipo de prácticas. “Si, como afirman los demandados, no están realizando paradas sin sospecha razonable, difícilmente pueden alegar que se ven perjudicados por una medida que impide justamente eso”, escribieron los jueces.

Una audiencia para considerar una orden judicial preliminar de mayor alcance está programada para septiembre, mientras continúa el litigio.

Entre los demandantes está Brian Gavidia, residente de Los Ángeles, quien fue grabado en video el 13 de junio mientras era detenido por agentes federales en un patio de remolques. En el video, Gavidia grita: “¡Nací aquí en Estados Unidos, en East LA, hermano!”.

“El gobierno quiere llevarnos de vuelta a una realidad donde un ciudadano estadounidense puede ser agarrado, empujado contra una cerca y despojado de su teléfono e identificación solo por trabajar en un barrio latino”, declaró el abogado de la ACLU, Mohammad Tajsar, durante la audiencia del lunes.

Por su parte, el abogado del gobierno federal, Jacob Roth, argumentó que no se les dio tiempo suficiente para reunir pruebas, y criticó la amplitud de la orden judicial. Alegó que el uso de ciertos factores —como el idioma o la ocupación— no debería ser totalmente prohibido, pues pueden formar parte de un análisis legítimo en algunos casos.

Sin embargo, la jueza Jennifer Sung cuestionó duramente esa postura. “Nadie ha sugerido que esos factores no puedan considerarse nunca. Lo que no pueden hacer es usarlos como único criterio”, dijo. Además, señaló que en un área como Los Ángeles, donde casi la mitad de la población es latina, usar esos factores como sospecha razonable es ineficaz y discriminatorio.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, celebró la decisión judicial como “una victoria para el Estado de derecho” y reiteró el compromiso de la ciudad con la protección de los residentes frente al “perfilamiento racial y otras tácticas ilegales” de las autoridades migratorias.

El caso continúa siendo seguido de cerca a nivel nacional, ya que podría sentar un precedente en el control judicial de prácticas migratorias federales en comunidades diversas.