La administración Trump compartirá datos personales de 79 millones de beneficiarios de Medicaid con autoridades migratorias
La ley federal obliga a los estados a ofrecer "Medicaid de emergencia", que cubre exclusivamente servicios médicos de urgencia, sin importar el estatus migratorio

WASHINGTON D. C. — La administración del presidente Donald Trump ha alcanzado un acuerdo para compartir la información personal de casi 79 millones de beneficiarios de Medicaid con las autoridades de inmigración federales, en un intento por intensificar las deportaciones de inmigrantes en situación ilegal en el país.
Según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) en un comunicado enviado a la cadena de televisión NBC News, el acuerdo con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS por sus siglas en inglés) busca «garantizar que los inmigrantes indocumentados no accedan a los beneficios de Medicaid». La agencia Associated Press fue la primera en reportar el acuerdo, que aún no ha sido divulgado públicamente.
Aunque los inmigrantes sin estatus legal y algunos con residencia legal ya tienen prohibido inscribirse en Medicaid, la ley federal obliga a los estados a ofrecer «Medicaid de emergencia», que cubre exclusivamente servicios médicos de urgencia, sin importar el estatus migratorio.
Medicaid es un programa financiado conjuntamente por el gobierno federal y los estados para proporcionar atención médica gratuita o de bajo costo a personas de bajos ingresos.
Bajo el nuevo acuerdo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrá acceder a una base de datos con nombres, direcciones, fechas de nacimiento, información étnica y racial, así como números de Seguro Social de todos los inscritos en Medicaid. ICE solo podrá consultar esta base de datos en horario laboral, de lunes a viernes entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m., hasta el 9 de septiembre, y no tendrá permiso para descargar la información.
La noticia ha provocado una ola de rechazo, especialmente en California, donde el fiscal general Rob Bonta anunció que el estado solicitará una orden judicial para bloquear el acceso a esos datos con fines migratorios.
“Es devastador pensar que las personas puedan dejar de buscar atención médica esencial por temor a ser blanco de esta administración”, declaró Bonta en un comunicado. “No podemos permitir que el presidente utilice datos personales, privados y ajenos a la salud para alimentar una máquina de deportación masiva”.
A principios de julio, California y otros 18 estados, incluyendo Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey y Oregón, demandaron a la administración Trump para frenar la divulgación de información médica a ICE. La audiencia judicial está programada para el 7 de agosto, según informó la oficina del fiscal general californiano.
Esta polémica medida incrementa la tensión entre el gobierno federal y los estados que buscan proteger a sus comunidades inmigrantes, en medio de un clima cada vez más hostil para quienes carecen de estatus migratorio regular en Estados Unidos.